El informe más reciente de la Contraloría General de la República identificó fallas estructurales en la protección colectiva que ofrece la Unidad Nacional de Protección (UNP) a líderes sociales y comunidades en riesgo en Colombia.
Según el documento, las medidas implementadas por la UNP durante el periodo 2019-2025 continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de los riesgos, y se presentan demoras y deficiencias en la ejecución, lo que vulnera la seguridad de los beneficiarios.
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La protección colectiva: resoluciones en papel, riesgo en territorio
La auditoría de la Contraloría establece que la ruta de protección colectiva de la UNP opera de manera incompleta, limitándose a la emisión de resoluciones sin una implementación efectiva en los territorios.
Esta situación deja a comunidades y liderazgos sociales únicamente protegidos en el plano formal, mientras continúan expuestos en sus entornos reales. De hecho, en ocasiones anteriores la brecha entre la normativa y la realidad fue una constante en los mecanismos de protección.
Demoras y baja cobertura: el derecho a la protección pierde vigencia
El informe destaca graves retrasos en las evaluaciones de riesgo y en la asignación de medidas de protección. Estos atrasos vacían de contenido real el derecho a la protección, lo que incrementa la vulnerabilidad de líderes sociales y de las comunidades en riesgo.
A pesar del reconocimiento formal de los riesgos, la respuesta institucional se mantiene rezagada y no logra responder con la urgencia requerida.
Entre los hallazgos de la Contraloría, se advierte que el número de colectivos efectivamente protegidos es muy inferior al total de solicitantes, lo que evidencia una brecha estructural entre el riesgo identificado y la protección efectiva. Esta diferencia pone en entredicho la capacidad de la UNP para cubrir la demanda real de protección en el país.
Uso ineficiente del presupuesto y limitaciones institucionales
El análisis financiero realizado por la Contraloría revela que, aunque las medidas de protección colectiva resultan algo más eficientes que las individuales, su peso dentro del gasto total es bajo. Por tanto, el impacto del presupuesto asignado a la protección sigue siendo marginal frente al tamaño del problema.
“La Contraloría ya dijo que la protección de la UNP no falla por falta de normas, sino por mala implementación, demoras, baja cobertura y uso ineficiente de los recursos. El problema no es presupuestal: es estructural. Y mientras nadie asume la corrección, los líderes siguen muriendo”, señala una de las observaciones recogidas en el informe.
El órgano de control reconoce la existencia de las fallas, aunque aclara que su función se limita a la vigilancia fiscal. La responsabilidad de corregir corresponde a la UNP, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades competentes, lo que deja un vacío de corrección institucional.
Irregularidades en la supervisión y ejecución de contratos
El informe de auditoría financiera para la vigencia 2024, que incluyó un seguimiento detallado a la gestión de la UNP, identificó debilidades en los informes de supervisión y en el cumplimiento de obligaciones contractuales, especialmente en los esquemas de arrendamiento de vehículos.
La falta de registros precisos sobre la ejecución real de los contratos y los incumplimientos reiterados afectan la prestación adecuada del servicio de protección.
“Las obligaciones no se cumplen”, se lee en los informes revisados por la Contraloría, lo que generó procesos sancionatorios sin resolución definitiva. Estas omisiones impactan negativamente en la capacidad de respuesta de la UNP y en la seguridad de los beneficiarios.
Deficiencias en la priorización y asignación de recursos
En el estudio sectorial sobre la implementación de la ruta de protección para grupos y comunidades en riesgo, la Contraloría detectó que algunas poblaciones con altos costos por beneficiario presentan niveles de riesgo más bajos que otras con menos recursos asignados.
Esto sugiere una priorización inadecuada de las medidas de protección y limita la eficiencia de la política pública.
“Se determina que la integralidad de la ruta de protección colectiva resulta parcial, pues se cumple al examinar las resoluciones de recomendación de medidas, pero no se refleja totalmente en su implementación”, afirmó la Contraloría en sus conclusiones.
Además, persiste la falta de oportunidad en las evaluaciones de riesgo y el bajo porcentaje de cobertura en relación con el total de solicitantes.
Recomendaciones y llamado a la acción
La Contraloría General de la República reiteró la importancia de la participación ciudadana en el control social y la vigilancia de la gestión pública. A pesar de la existencia de mecanismos de advertencia y control preventivo, el informe subraya que el ejercicio de corrección queda en manos de la UNP y de las entidades responsables de garantizar la protección de líderes sociales y comunidades en situación de riesgo.
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