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Estas son las ubicaciones de las nuevas cámaras de fotomulta para Bogotá

La ciudad instalará 9 dispositivos en varios puntos de la ciudad, con estos el total de cámaras para las infracciones de tránsito será de 101

Aún no se conoce la fecha de instalación de las cámaras - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ya tiene listos los permisos técnicos y administrativos para instalar y operar 9 nuevos dispositivos de fotodetección, que cuentan con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La noticia fue revelada por el concejal Julián Forero, quien expuso detalles de la investigación sobre el avance de este sistema automatizado de control.

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El anuncio implica que la ciudad pasará de tener 92 puntos de fotodetección automática a un total de 101, sumando más de 130 cámaras desplegadas en diferentes sectores. Según los registros, las ubicaciones autorizadas para los nuevos dispositivos abarcan varias localidades: Usme, Suba, Usaquén y Fontibón.

Entre los corredores viales seleccionados se encuentran los siguientes: la Avenida Boyacá con Transversal 3F (en ambos sentidos) en Usme, la Autopista Norte con Calle 235 (en sentidos norte-sur y sur-norte) en Suba y Usaquén, y la Autopista al Llano con Calle 91 Sur (en ambos sentidos) en Usme.

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Las cámaras están en Usme, Engativá y otras zonas - crédito Freepik

Además, se suman dos puntos en la Avenida La Conejera con Carrera 112 en Suba, tanto en sentido oriente-occidente como occidente-oriente, y un nuevo dispositivo en la Avenida Centenario con Carrera 135 en Fontibón.

Aunque la Secretaría de Movilidad ya tiene definidos los corredores y cuenta con los permisos oficiales, aún no ha divulgado la fecha exacta en la que estos equipos comenzarán a operar.

Esta falta de información ha generado incertidumbre entre los conductores, motociclistas y demás actores viales de la ciudad. La expectativa crece ante la inminente puesta en funcionamiento de estos sistemas, que buscan reforzar el control sobre las infracciones de tránsito en las vías capitalinas.

Por su parte, el concejal Andrés Forero manifestó su preocupación frente a la estrategia adoptada por la administración distrital.

Para 2026 quedarían 101 cámaras en la ciudad - crédito Freepik

Según recalcó: “El alcalde Carlos Fernando Galán, en lugar de priorizar la intervención de la malla vial, la ampliación de puentes vehiculares y peatonales y un fortalecimiento real de la seguridad vial, sigue optando por un modelo basado en cámaras de fotomultas, que termina persiguiendo y castigando a los conductores, mientras el recaudo crece y los problemas estructurales de movilidad siguen intactos”.

En cuanto a las infracciones más comunes que pueden ser detectadas por las cámaras están; estacionar en lugares prohibidos, identificado como código C02, representa uno de los comparendos más aplicados en Bogotá.

Para el año 2026, esta falta implica una multa de 633.200 pesos. Si el infractor realiza el pago en los primeros cinco días hábiles, puede obtener un descuento del 50%, y el valor queda en 316.600 pesos.

Otra infracción frecuente es exceder la velocidad permitida, clasificada bajo el código C29. El valor de la multa también asciende a 633.200 pesos, con posibilidades de descuento similares a las del comparendo por estacionar en sitios prohibidos.

Serán 9 nuevas cámaras en la ciudad - crédito Freepik

Las sanciones más elevadas se aplican a quienes cruzan un semáforo en rojo o no respetan la señal de pare. En 2026, la multa correspondiente asciende a 1.266.100 pesos. Con un descuento del 50%, el infractor pagaría 633.050 pesos. Para los motociclistas, la sanción puede incluir también la inmovilización del vehículo.

Uno de los comparendos que más consultas genera es el de conducir bajo los efectos del alcohol. La sanción varía según el grado de alcoholemia. Para el grado I, la multa puede llegar a 7.596.800 pesos. En grado II, el valor asciende a 15.194.100 pesos y, en grado III o si el conductor se niega a realizar la prueba, la sanción puede alcanzar los 60.776.500 pesos. Además, en estos casos se aplica la suspensión de la licencia y la inmovilización del vehículo.

Mientras tanto, la ciudadanía aguarda el anuncio oficial sobre el inicio de operaciones y la administración enfrenta cuestionamientos sobre la priorización de recursos y estrategias en materia de movilidad urbana.

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