La reciente revaluación del peso colombiano, que ha convertido a la moneda nacional en la más apreciada entre los mercados emergentes en lo que va de 2026, abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno y la industria farmacéutica.
El presidente Gustavo Petro exigió que el fortalecimiento del peso frente al dólar se traduzca de manera inmediata en una reducción de los precios de los medicamentos que dependen de insumos importados y advirtió que cualquier alza injustificada podría obedecer a prácticas especulativas.
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Ese fue el mensaje que el mandatario publicó en su cuenta de la red social X, donde afirmó: “Dada la revaluación del peso, todas las medicinas con componentes importados, que son todas, deben rebajar su precio en pesos. Cualquier cosa diferente es especulación. Espero que la instancia oficial de precios se reúna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación”.
Con este pronunciamiento, Petro pidió una reacción inmediata de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos para evaluar el impacto real del fortalecimiento de la moneda sobre los costos del sector.
Según Petro, la apreciación de la moneda —que ha llevado la cotización del dólar a niveles cercanos a los $3.630, frente a los $3.700 y $3.800 registrados a finales de 2025— debería aliviar las presiones sobre los precios finales que pagan el sistema de salud y los usuarios.
“El fortalecimiento del peso debe reflejarse en el precio de los medicamentos. Si no ocurre, estaremos frente a un comportamiento especulativo que debe ser corregido”, señaló el mandatario en declaraciones públicas, que ha insistido en la necesidad de que el Estado intervenga cuando se identifiquen distorsiones que afecten el acceso a bienes esenciales.
Sin embargo, desde la industria farmacéutica la reacción ha sido de cautela. Gremios del sector advierten que, aunque la revaluación del peso puede reducir algunos costos asociados a materias primas importadas, existen otros factores estructurales que están comprometiendo la sostenibilidad de la producción nacional y el abastecimiento de medicamentos en el país.
Clara Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), explicó al medio Portafolio que el sector enfrenta una combinación de presiones que van más allá del tipo de cambio.
Entre ellas mencionó el aumento de los costos laborales, mayores exigencias regulatorias, el encarecimiento del crédito y, especialmente, el deterioro de los flujos de pago por parte del sistema de salud.
De acuerdo con cifras de Ascif, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen una deuda cercana a los 5 billones de pesos con los fabricantes de medicamentos.
Además, los plazos de pago se han extendido de manera significativa, pasando de 60 a 180 días, lo que afecta los ciclos normales de producción y limita la capacidad financiera de las empresas para sostener el suministro.
“Si estas tendencias se mantienen, se genera un desequilibrio que pone en riesgo la continuidad del abastecimiento de medicamentos”, advirtió Rodríguez, al señalar que la industria nacional ya opera con márgenes estrechos, especialmente en el canal institucional.
A este panorama se suma el reciente ajuste en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que estableció incrementos del 16% para el régimen subsidiado y del 9% para el contributivo.
Aunque el aumento fue presentado por el Gobierno como una respuesta a las presiones del sistema, desde el sector farmacéutico persiste la duda sobre si estos recursos serán suficientes para cubrir una canasta ampliada de cerca de 500 medicamentos que fueron incorporados al Plan Básico de Salud (PBS) durante el último año.
La industria local tiene un peso relevante en el sistema público: el 80% de los medicamentos que consumen hospitales y entidades estatales son producidos por fabricantes colombianos. No obstante, estos solo reciben el 34% del valor total pagado en ese segmento, una relación que, según Ascif, evidencia la presión financiera que enfrentan los laboratorios nacionales.
En materia de precios, la directora del gremio recordó que a partir del próximo 26 de enero la industria deberá reducir entre un 5% y un 6% los valores de los medicamentos vendidos al sistema de salud, en cumplimiento de una consulta regulatoria que limita los ajustes al alza.
En el plano internacional, la industria también observa con preocupación la posible imposición de un arancel del 30% a las exportaciones colombianas de medicamentos hacia Ecuador, un mercado al que se despachan anualmente productos por cerca de 50 millones de dólares, principalmente para uso humano. De concretarse esta medida, el gremio alerta sobre un impacto directo en la competitividad, el empleo y la continuidad del suministro.