A raíz de varias denuncias que se han conocido en redes sociales en los días previos a las tres fechas en Medellín por cuenta de los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny, una abogada experta en asunto legales se refirió a cómo debe proceder la ciudadanía a raíz de las cancelaciones y disparos en lugares de hospedaje por cuenta de este evento.
La joven que trabaja para la firma de abogados Brandy se tomó la tarea de resolver las dudas que le llegaron luego de que en días anteriores varias mujeres contaron sus malas experiencias debido a que sus reservas fueron eliminadas, y muchas de ellas tuvieron nombre propio: Airbnb.
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“Los precios del hospedaje en Medellín están por las nubes. Eso es lo que han estado denunciando muchas personas en los últimos días por el concierto de Bad Bunny”, inicia la grabación la jurista colombiana, dando como contexto lo que serán los shows de Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre de pila del reguetonero) el
Seguido a esto agregó: “Pude ver un comentario como alguien preguntaba cómo se regulaba esto y que por favor etiquetaran a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) y a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)”.
Qué respondió la abogada: así se puede proceder si le cancelaron reservas de hospedaje en Medellín
“En Colombia, por regla general, se pueden indicar los precios de forma libre”, explicó al comienzo de su respuesta la abogada.
Asimismo, ella detalló que “los prestadores de servicios pueden fijar los precios que consideren en virtud de algo llamado libertad de empresa, salvo que el gobierno lo regule expresamente, lo cual no ocurre con el alojamiento turístico”.
Más adelante de la grabación, la también creadora de contenido especializado en asuntos legales precisó que ha visto “como muchos se están quejando por las cancelaciones que ya tenían para que estos alojamientos puedan duplicar y hasta triplicar los precios que ya tenían establecidos”, esto en relación a las denuncias en redes hacia la plataforma en línea a nivel mundial que ayuda a miles de personas en la búsqueda de espacios temporales.
Ya en materia jurídica, la abogada reseñó que en este caso, “cuando el prestador de servicios turísticos incumple en todo o parte el servicio pactado, el turista puede elegir entre dos opciones”.
La primera opción es “que le presten otro servicio de la misma calidad o de reembolsar”, añadió la jurista.
Mientras que para la segunda alternativa puntualizó que se podría hacer una petición para “compensar el precio pactado por el servicio ya incumplido y que, ante la imposibilidad de prestar un servicio de la misma calidad, el prestador de servicios turísticos deberá, a sus expensas, contratar con un tercero la prestación del servicio que ya se había pactado”.
Para concluir, la jurista afirmó que “cobrar precios excesivos por algo es legal hasta cierto punto, pero la cancelación y las modificaciones de los servicios ya pactados de manera arbitraria, no mucho”.
Esta fue la respuesta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
En un comunicado que se publicó pasado el mediodía del 22 de enero de 2026, la SIC La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una advertencia a los prestadores de servicios de alojamiento turístico en Medellín, luego de recibir múltiples denuncias sobre la cancelación unilateral de reservas durante la alta demanda generada por el concierto del artista internacional Bad Bunny.
Según informó el ente regulador, se han reportado casos en los que alojamientos retiraron reservas previamente pactadas para ofrecer las mismas habitaciones a precios superiores.
De acuerdo con el documento oficial por parte de la SIC, estas acciones contravienen la legislación vigente, que obliga a respetar los términos acordados con los consumidores y turistas.
La entidad recordó que la violación de estas condiciones podría acarrear sanciones de hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta medida aplica tanto para hoteles como para viviendas turísticas y otros alojamientos que ofrezcan servicios en la ciudad.
La SIC también estableció que este tipo de prácticas no solo afecta los derechos de los usuarios, sino que constituye una infracción al régimen de protección al consumidor establecido en la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) y en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).
Según el artículo 63 de la Ley 300, el prestador debe garantizar al turista el acceso al servicio contratado o, en caso de cancelación no justificada, ofrecer una alternativa de igual o superior calidad.
La entidad hizo un llamado a los afectados para que presenten denuncias a través del formulario PQRFS disponible en la sede electrónica (https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/pqrsf/).
Además, la SIC anunció que abrirá investigaciones de oficio sobre los hechos reportados en medios y redes sociales, con el objetivo de salvaguardar la confianza en el sector turístico.
En el documento se resaltó que la libertad económica y la iniciativa privada deben ejercerse en equilibrio con la función social de la empresa y el interés general, conforme lo estipulan los artículos 1, 78 y 333 de la Constitución Política.