El Ministerio de Minas y Energía de Colombia advirtió la necesidad de destinar 5,1 billones de pesos para cubrir subsidios en energía eléctrica y gas, de acuerdo con el diagnóstico que emitió el ministro de Minas Edwin Palma durante el consejo de ministros que se ejecutó en la noche del 19 de enero de 2026.
En el encuentro de altos funcionarios con el presidente Gustavo Petro, el titular de la cartera alertó sobre un aparente rezago en este sector que compromete la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios, especialmente de los estratos más bajos.
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El funcionario detalló textualmente “el tema es bastante concreto. Tenemos un rezago en materia de subsidios que hace necesaria la inclusión de cerca de 5,1 billones de pesos destinados a energía eléctrica y gas“.
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Según explicó Palma, la falta de cobertura de estos subsidios genera un “riesgo operativo, técnico y social que deteriora la prestación del servicio”.
El ministro señaló que, tras el desmontaje de las contribuciones que hacían industrias y empresas en 2014, la carga de los subsidios ha recaído cada vez más en el Presupuesto General de la Nación.
“En materia de subsidios, al igual que en el pasado se desmontaron los aportes patronales en salud, aquí ocurrió algo similar: cada día se utilizan más recursos del Presupuesto General de la Nación para pagar y cubrir subsidios de energía y gas”, explicó Palma.
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Según Edwin Palma, actualmente, se requieren la inyección para subsidiar a las poblaciones vulnerables de los estratos uno, dos y tres en energía eléctrica, con apoyos equivalentes al 60%, 50% y 40%, respectivamente. En cuanto al servicio de gas, el monto necesario asciende a 935 mil millones de pesos, puntualizó el jefe de la cartera.
Los escenarios que enfrentarían los estratos 1,2 y 3, según el ministro Palma
El ministro advirtió que “si no se cubren estos recursos, incluso congresistas de la oposición han insistido en la necesidad de pagar los subsidios oportunamente. De no hacerlo, existe un riesgo operativo, técnico y social, ya que puede generarse lo que en el sector se denomina un riesgo sistémico: las comercializadoras no reciben los recursos que ya han adelantado a los usuarios, lo que genera deudas con sus acreedores y deteriora el sistema de prestación de servicios de energía eléctrica”.
Palma contextualizó el problema como una consecuencia de una decisión política tomada hace más de una década, y culpó a las administraciones anteriores, en las que se incluyen la de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque.
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“Este problema es heredado, producto de una decisión política de hace más de diez años de desmontar las contribuciones de algunas industrias. Estamos revisando la posibilidad de modificar ese decreto; está en revisión por parte de los ministerios, para lograr que haya nuevamente más contribuciones y se use menos el Presupuesto General de la Nación”, manifestó el ministro.
Entre las medidas implementadas para mitigar la falta de liquidez de las empresas comercializadoras, Palma mencionó la utilización de recursos del Grupo Bicentenario mediante un mecanismo de cesión de derechos previsto desde 2020.
“Ahora se han destinado más de 600 mil millones de pesos para dar liquidez a las compañías comercializadoras de energía eléctrica y aliviar la situación de algunas, particularmente las públicas, que también se ven afectadas por la falta de pago de los subsidios“, indicó el funcionario.
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El Gobierno puso en marcha el programa Colombia Solar, orientado a cambiar subsidios por paneles solares.
“Esta norma, vigente desde hace más de diez años, fue reglamentada por este Gobierno. Se empezará a aplicar en la Costa Caribe, especialmente en el mercado de Aire, Magdalena, Guajira y Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, a través de nuestra empresa pública generadora Geselca. Queremos comenzar con un millón de usuarios, que representan aproximadamente el 10% de los usuarios subsidiados de todo el sistema”, detalló Palma.
En respuesta a la situación de la prestación del servicio en la región Caribe, se propuso un borrador de resolución para salvaguardar la continuidad en los tres departamentos cubiertos por la empresa Aire.
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La medida, en etapa de comentarios, “ha generado divisiones, incluso entre los gremios, pero estamos convencidos de que es una decisión responsable con el país y con la prestación de un servicio público esencial como la energía eléctrica”, sostuvo Palma.