Colombia atraviesa uno de los momentos más exigentes de su historia reciente en materia de endeudamiento externo. Las cifras no solo evidencian el crecimiento acelerado de la deuda pública, también revelan un problema adicional, el alto costo al que el país se está financiando en los mercados internacionales, una señal clara de la desconfianza que perciben los inversionistas frente a las finanzas públicas nacionales.
Entre julio de 2022 y noviembre de 2025, el saldo de la deuda del Gobierno pasó de 789 billones de pesos a 1.176 billones, un aumento cercano al 50%. Este salto no es gratuito. A la par del mayor endeudamiento, el país enfrenta una factura cada vez más pesada por concepto de intereses, al punto de destinar cerca de una tercera parte de sus ingresos tributarios únicamente a cubrir ese rubro. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió en reiteradas ocasiones que este nivel de compromisos reduce de manera significativa el margen para financiar gasto social y nuevas políticas públicas.
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Las proyecciones oficiales ya daban señales de alarma. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 estimó que el pago de intereses en 2024 rondaría los 86 billones de pesos, equivalentes al 4,7% del producto interno bruto (PIB), uno de los registros más altos de las últimas décadas. Esa presión se intensificó en enero de este año, cuando el Gobierno acudió nuevamente a los mercados internacionales y, en una sola jornada, emitió bonos por 4.950 millones de dólares para cubrir el faltante del presupuesto de 2026.
La comparación histórica no pasa desapercibida. En 2020, en plena pandemia, Colombia accedió a un crédito del Fondo Monetario Internacional por 5.400 millones de dólares, pero lo hizo a una tasa cercana al 2,4%. Hoy, ese mismo monto de financiamiento se está consiguiendo a tasas que bordean el 6% en dólares, una diferencia que encarece de forma sustancial el servicio de la deuda.
El contexto internacional tampoco juega a favor. De acuerdo con un análisis del equipo de Investigaciones Económicas del Banco Popular, Colombia es actualmente el tercer país emergente que paga los intereses más altos por su deuda externa, si se toman como referencia los bonos soberanos a 10 años denominados en dólares. La tasa colombiana se ubica en 6,8%, solo por debajo de Ucrania (13,94%) y Argentina (9,74%). Detrás aparecen Turquía (6,77%), Brasil (6,16%), México (5,84%) y Panamá (5,80%).
Para Julián Cortés, analista senior del Banco Popular, estas cifras reflejan una percepción de mayor riesgo. “Entre más arriba esté la tasa, más tendremos que pagar eventualmente. Se trata de una situación problemática porque sigue aumentando el déficit fiscal. Es posible que vengan nuevas reformas tributarias para poder controlar el gasto”, señaló en El Tiempo.
El panorama tampoco mejora cuando se observa la deuda en moneda local. En ese frente, Colombia ocupa el sexto lugar entre los países con los intereses más altos en bonos soberanos a 10 años, con una tasa de 12,03%. El ranking es encabezado por Líbano (43,48%), seguido de Turquía (27,80%), Nigeria (16,58%), Brasil (13,91%) y Rusia (13,02%).
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, advierte que el ritmo reciente de endeudamiento agrava el escenario. “Entre diciembre y enero, el Gobierno se endeudó por más de 11.000 millones de dólares a tasas históricamente elevadas. Hoy está pagando intereses cercanos al 13–14 por ciento, casi el doble de lo que se pagaba hace apenas unos años. Esto naturalmente es reflejo de mayor incertidumbre por el mal momento de las finanzas públicas”, afirmó al medio antes mencionado.
Esa incertidumbre se traduce en una prima de riesgo elevada, visible en los credit default swaps (CDS), instrumentos que funcionan como un termómetro del temor a un eventual incumplimiento. Desde la pandemia, la percepción de riesgo país no ha logrado normalizarse, en parte por los déficits fiscales persistentes y el deterioro de los indicadores de deuda.
El golpe reputacional sigue pesando. En julio de 2021, en medio del paro nacional y la fallida reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla, Fitch Ratings y Standard & Poor’s le retiraron a Colombia el grado de inversión. A la fecha, el país no ha logrado recuperarlo plenamente: con Moody’s mantiene una calificación Baa3, apenas un escalón por encima de perder ese estatus; con S&P se ubica en ‘BB’, ya en terreno especulativo; y con Fitch permanece en ‘BB’ con perspectiva estable.