La región del Catatumbo registró un nuevo caso de secuestro en lo que va del año 2026, luego de que un hombre identificado como Carlos Rodríguez fuera raptado por hombres armados en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.
De acuerdo con información suministrada por la comunidad a Caracol Radio, el hecho se presentó cuando Rodríguez se encontraba en un establecimiento comercial del corregimiento. Hasta el lugar llegaron hombres fuertemente armados, quienes identificaron a la víctima y procedieron a llevársela con rumbo desconocido, sin que se registrara resistencia o intervención de las autoridades en el momento del secuestro.
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El paradero del ciudadano continúa siendo desconocido, mientras familiares y habitantes del sector manifiestan preocupación por su integridad y seguridad.
Tras conocerse el secuestro, autoridades civiles y de seguridad hicieron presencia en el lugar, junto con el Personero Municipal, con el objetivo de verificar la información, recopilar testimonios y dar inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
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Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la autoría del secuestro, ni se ha atribuido el hecho a un grupo armado en particular. Sin embargo, la zona es considerada de alta complejidad en materia de orden público, debido a la presencia de estructuras armadas ilegales que mantienen disputas territoriales.
Las autoridades indicaron que se activaron los protocolos de búsqueda y se mantiene comunicación con organismos de derechos humanos, en medio de un contexto marcado por restricciones de movilidad y temor entre la población civil.
Seis secuestros registrados en el Catatumbo en 2026
Con el secuestro de Carlos Rodríguez, Caracol Radio afirma que, ya son seis los casos documentados en la región del Catatumbo durante 2026, lo que refleja un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en esta subregión del nororiente colombiano.
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Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 6 de enero, cuando cinco integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados mientras se desplazaban por la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, un corredor estratégico que ha sido escenario de constantes enfrentamientos armados.
Estos hechos han generado llamados reiterados por parte de autoridades locales y organizaciones sociales para reforzar la presencia institucional y garantizar la protección de la población civil.
Casos de secuestro que involucran a menores de edad
La situación humanitaria en el Catatumbo también ha estado marcada por secuestros que involucran a niños y adolescentes, quienes han sido utilizados como instrumentos de presión y propaganda por parte de grupos armados ilegales.
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En uno de los casos más recientes, una niña de 12 años fue secuestrada junto a su madre en el municipio de Tibú por integrantes de las disidencias de las Farc. Durante su cautiverio, la menor fue obligada a grabar un video con mensajes dirigidos a otros niños de la región.
En la grabación, difundida por un medio de comunicación nacional, la menor relató cómo fue abordada por hombres armados mientras jugaba en un parque y posteriormente trasladada a otra zona bajo amenazas. “Se aprovecharon de mi niñez y de mi inocencia”, expresó la menor, al describir el impacto del secuestro.
Luego de una semana de cautiverio, la niña y su madre fueron liberadas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron sobre las graves afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de este tipo de hechos.
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Un año de confrontaciones armadas y crisis humanitaria
El 16 de enero de 2026, la región completó un año desde el inicio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, conflicto que ha tenido un alto impacto en la población civil.
Según el más reciente informe del Puesto de Mando Unificado (PMU), citado por autoridades departamentales, cerca de 89.013 personas han sido desplazadas como consecuencia de la violencia armada, y al menos diez menores de edad han fallecido en hechos asociados al conflicto.
Municipios como Tibú, El Tarra y Ocaña continúan enfrentando restricciones en el acceso a la educación, la salud y la seguridad, en un contexto de permanente riesgo.
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Organizaciones sociales piden protección para la niñez
Diversas organizaciones sociales han reiterado su llamado a los grupos armados ilegales para que excluyan a los menores de edad del conflicto. Carmen García, vocera de Madres del Catatumbo por la Paz, expresó su rechazo frente a estos hechos y solicitó mayor acción estatal.
“Los niños deben quedar por fuera de la guerra. El daño que se les causa es profundo y se extiende a sus familias”, afirmó la vocera, quien también instó al Gobierno Nacional a promover espacios de diálogo que permitan reducir la violencia en la región.
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