Las Intergremiales de Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, anunciaron respaldo al incremento de $8 por hora de kilovatio en el componente de restricciones de la tarifa de energía eléctrica, establecido en un proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía. La medida, que impacta en cerca de un 1% adicional de lo que pagan los usuarios, busca evitar un colapso en el Sistema Eléctrico Nacional, según alertaron las organizaciones y empresarios en un comunicado conjunto emitido el 18 de enero de 2026.
El presidente del Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda, resumió el contexto de la crisis al asegurar que “las obligaciones financieras vencidas de Air-e intervenida con generadores, con transmisores y con otros agentes del mercado, han puesto a las termoeléctricas al límite de su capacidad para poder comprar el gas que necesitan para operar, es decir, para poder generar energía”.
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Para el dirigente, las consecuencias de no actuar serían nefastas. “Esta situación amenaza la continuidad del servicio y además pone en riesgo, en serio riesgo, la estabilidad del sistema eléctrico nacional”, anotó. Por esa razón, según él, aceptan el incremento de $8 por kilovatio-hora en el componente de las restricciones de la tarifa de energía, una medida que busca evitar, por ahora, por lo menos, una crisis generalizada del sistema.
Cifras que preocupan
La alarma regional y nacional no es para menos. Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, las deudas de Air-e intervenida a corte de diciembre de 2025 alcanzaron los $2,5 billones, con un aumento mensual cercano a los $145.000 millones. Air-e, que representa el 40% de la demanda de energía del país, mantiene obligaciones pendientes con generadores, transmisores y otros agentes críticos del mercado eléctrico mayorista.
La falta de pago generó una crisis de liquidez que ya se traslada a los generadores y transmisores. Las termoeléctricas, de acuerdo al comunicado, “llegaron al límite de su capacidad de compra del gas que necesitan para operar y que tienen que pagar anticipadamente”. La cadena de impagos podría desencadenar apagones en la Región Caribe y materializar un riesgo sistémico que amenaza a todo el Sistema Eléctrico Nacional.
Impacto y condiciones del respaldo
El comunicado enfatiza que “el riesgo derivado de esta crisis en el Caribe no es un problema regional aislado, sino un reto que amenaza la continuidad del suministro de energía en todo el país por no contar con la generación térmica que le da soporte a todo el Sistema Eléctrico Nacional”. En caso de un colapso de Air-e y de las termoeléctricas, el país enfrentaría un racionamiento generalizado.
Asimismo, el respaldo de los gremios empresariales al incremento tarifario de $8 por kWh está condicionado a tres aspectos fundamentales:
- Carácter temporal y metas claras: “El respaldo, además, está condicionado a que la medida sea temporal, con un plazo definido y metas verificables,” subrayó Efraín Cepeda. Para las organizaciones, la resolución debe establecer un tiempo finito de aplicación que termine cuando se recauden los recursos suficientes para saldar la deuda, además de fijar el monto a recaudar y las deudas a pagar con datos técnicos medibles y verificables.
- Cálculo de impacto real: debe constatarse que el costo para los usuarios por el incremento tarifario es inferior al impacto económico de un posible racionamiento y a la prolongación de la emergencia eléctrica.
- Aclaración jurídica: Cepeda enfatizó que se debe “aclarar jurídicamente que no es un impuesto ni un subsidio regional”. El recaudo, según el comunicado, no se usará para el presupuesto nacional ni para financiar gasto público. “No se trata de que los usuarios de todo el país paguen por una energía consumida por los tres departamentos atendidos por Air-e intervenida,” reza el documento, que enfatiza en la necesidad de argumentos jurídicos claros.
Suspensión de mecanismos y papel del Gobierno
El origen inmediato de la crisis, según los gremios, responde a la suspensión de la medida de limitación de suministro (Resolución CREG 116 de 1998), que con normalidad se aplica cuando los comercializadores dejan de pagar a los generadores. La suspensión, ordenada por el Gobierno nacional, distorsionó las condiciones normales de operación del mercado y tuvo un fuerte impacto financiero para las termoeléctricas.
Además, señalan que “es evidente que el Gobierno nacional no tuvo un plan de gestión para asumir la administración que respaldara la intervención de Air-e y que no ha utilizado otras fuentes de recursos disponibles para darle la liquidez suficiente y mantenerla operando sin limitaciones financieras”.
Llamado a soluciones estructurales
Aunque el proyecto de resolución del Gobierno busca cubrir el 50% de la deuda acumulada, las obligaciones siguen creciendo cada mes. Por eso, los gremios piden a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Ministerio de Hacienda gestionar garantías nacionales, créditos y recursos por medio del Fondo Empresarial, con respaldo jurídico, tal como lo dispone la Ley 812 de 2003.
Finalmente, el comunicado llama a la acción para diseñar una solución estructural de largo plazo en el sistema eléctrico de la Región Caribe, recordando que la pobreza extrema local limita la capacidad de pago de los usuarios y profundiza la llamada pobreza energética, origen del rezago en la prestación del servicio.
La advertencia de Cepeda es categórica: “Es nuestra responsabilidad sumar esfuerzos para que no se materialice una crisis generalizada del sistema eléctrico nacional. Valoramos el esfuerzo de los usuarios y hacemos un llamado para que el Gobierno cumpla con todas las garantías y definiciones claras que exige esta delicada situación”.