El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entró en abierta rebelión al anunciar que el departamento no aplicará el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional.
La decisión, comunicada el 15 de enero de 2026, se fundamentó en la consideración de que la norma impone una carga tributaria excesiva y afecta principios constitucionales, lo que llevó a la administración departamental a declarar su inaplicación por medio de la excepción de inconstitucionalidad hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo.
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La determinación de Andrés Julián Rendón se tomó luego de un análisis técnico realizado por la Gobernación de Antioquia.
Según el mandatario, la entrada en vigor del decreto generaría una afectación considerable para las finanzas del departamento.
“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, sostuvo Rendón.
El gobernador explicó que esta decisión busca evitar un perjuicio económico irremediable para el departamento y sus ciudadanos mientras la Corte Constitucional revisa el decreto.
Andrés Julián Rendón defendió la figura de la excepción de inconstitucionalidad como una herramienta prevista en la Carta Política para actuar de inmediato frente a actos que puedan amenazar gravemente los principios constitucionales.
Según el análisis de la administración departamental, la aplicación inmediata del decreto afectaría de manera desproporcionada la autonomía fiscal de las regiones.
“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, expresó el gobernador.
El decreto, expedido por el presidente Gustavo Petro y redactado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contempla una serie de medidas tributarias que entrarían en vigor durante el año gravable 2026.
Entre las disposiciones, se encuentra la imposición de un impuesto sobre las ventas con tarifa del 19% a bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, además de aquellos bienes bajo monopolio de los departamentos en la producción de licores destilados.
Asimismo, los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, tanto en territorio nacional como desde el exterior, quedarían gravados con el impuesto sobre las ventas durante 2026.
El decreto también establece la creación de un impuesto al patrimonio para quienes posean bienes equivalentes o superiores a cuarenta mil Unidades de Valor Tributario (UVT) al primero de enero de 2026.
El texto normativo incluye un impuesto temporal sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, el cual se aplicaría al momento de la primera venta o exportación, y un impuesto complementario de normalización tributaria dirigido a quienes tengan activos omitidos o pasivos inexistentes.
Además, se fijan nuevas tarifas para el impuesto al consumo de cigarrillos, tabacos y derivados, con un componente específico de 11.200 pesos por cada cajetilla de veinte unidades y 891 pesos por cada gramo de picadura, rapé u o chimú.
Andrés Julián Rendón manifestó que el recaudo pretendido por el decreto no cumple con los criterios de finalidad y necesidad, por lo que, a su juicio, no se justifica el sacrificio económico que implicaría para los ciudadanos y las entidades territoriales.
“La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia. La Constitución es la norma de normas. Ningún acto administrativo o ley está por encima de nuestra Carta Magna”, afirmó el gobernador.
Esta postura se da en un contexto donde otras autoridades regionales también manifestaron su desacuerdo con la medida. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que presentaría acciones ante la Corte Constitucional, advirtiendo sobre las consecuencias económicas y jurídicas para el Distrito y sus habitantes.
Mientras la Corte Constitucional define el futuro del decreto, la Gobernación de Antioquia reiteró que no aplicará la norma y mantendrá su posición de defensa de la autonomía fiscal y el cumplimiento estricto de la Constitución. El departamento argumenta que la decisión busca proteger los recursos regionales y evitar un impacto negativo en la economía local, mientras transcurre el proceso de control constitucional.