En Colombia, el Sisbén se ha convertido en una de las bases de datos más determinantes para la vida cotidiana de millones de hogares.
En 2026, este sistema no solo sirve para identificar a la población con menores ingresos, sino que funciona como un mapa social que el Estado utiliza para asignar subsidios, priorizar programas y decidir quién recibe ayudas económicas. Por eso, mantener la información actualizada es clave para no quedar por fuera de beneficios esenciales.
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Durante este año, el Gobierno reforzó los mecanismos de verificación y actualización del Sisbén IV, lo que implica que cualquier cambio en la situación personal o económica de un hogar puede reflejarse más rápido en su clasificación. Esto tiene ventajas, pero también riesgos si los datos no están al día.
¿Quiénes deben actualizar el Sisbén en 2026?
No todos los ciudadanos deben hacer el trámite cada año, pero sí están obligados a reportar novedades quienes hayan tenido cambios relevantes. Por ejemplo, si una familia se mudó, si un integrante empezó a trabajar o perdió su empleo, si cambió el tipo de documento de identidad o si el hogar se amplió o se redujo, esa información debe actualizarse.
De lo contrario, el sistema puede asumir datos incorrectos y modificar el puntaje sin que el ciudadano lo note. Dicho esto, en 2026, existen varias alternativas para hacer el trámite, dependiendo del tipo de cambio que se quiera reportar.
El Portal Ciudadano del Sisbén sigue siendo la opción más rápida para reportar novedades básicas. Desde allí, el jefe o jefa de hogar puede corregir errores en nombres, actualizar documentos, informar cambios de dirección dentro del mismo municipio o consultar el estado del registro.
Este canal evita filas y desplazamientos, aunque no reemplaza la encuesta cuando hay modificaciones profundas en la situación económica.
Cuando los ingresos del hogar cambian de forma significativa, por ejemplo, por desempleo, cierre de un negocio o reducción drástica de recursos, es posible solicitar una nueva encuesta. Este trámite se hace a través de las páginas oficiales de planeación de cada ciudad o municipio. Una vez aprobada la solicitud, un encuestador visita el hogar o realiza la verificación según el protocolo vigente.
Para quienes no tienen acceso a internet o necesitan asesoría directa, las oficinas municipales del Sisbén siguen habilitadas. En ciudades grandes, como Bogotá, Medellín o Cali, también hay puntos de atención en centros integrados de servicios. Allí suelen pedir los documentos de identidad de todos los miembros del hogar, recibos de servicios públicos recientes y, en algunos casos, soportes de ingresos.
La actualización automática: un cambio clave
Uno de los ajustes más importantes que entró en plena operación entre 2025 y 2026 es el uso intensivo de cruces de información. El Estado ahora contrasta los datos del Sisbén con registros de la DIAN, la planilla PILA, fondos de pensiones y otras bases oficiales.
Esto significa que una persona puede cambiar de grupo sin haber solicitado una nueva encuesta, simplemente porque el sistema detectó mayores ingresos o variaciones laborales.
Aunque esta actualización automática busca mayor precisión, también ha generado inquietud, ya que algunos hogares han sido reclasificados sin previo aviso. Por eso, revisar periódicamente el grupo asignado se volvió una recomendación clave.
Por qué el grupo del Sisbén es tan importante
La clasificación en grupos A, B, C o D no es un simple rótulo estadístico. En 2026, de ella depende el acceso a múltiples programas sociales.
- Grupo A: reúne a los hogares en pobreza extrema. Son la principal prioridad para transferencias monetarias, apoyos alimentarios y subsidios integrales.
- Grupo B: corresponde a familias en pobreza moderada, que pueden acceder a ayudas económicas, programas de ingreso garantizado y subsidios de vivienda combinados.
- Grupo C: incluye hogares vulnerables que, aunque no siempre reciben dinero directo, sí tienen beneficios en educación, salud y programas de transición a la estabilidad económica.
- Grupo D: agrupa a quienes no son considerados pobres ni vulnerables. Generalmente no acceden a subsidios, pero siguen registrados para trámites y servicios públicos.
No reportar cambios puede traer consecuencias. Un aumento de ingresos no informado puede detectarse por cruces de datos y provocar la salida automática de un programa social. Por el contrario, una pérdida de empleo que no se registre puede impedir el acceso a ayudas disponibles. En ambos casos, el ciudadano es el más afectado.