A pocos meses de las elecciones legislativas en Colombia, entidades estatales han sido señaladas por el aumento acelerado de contratos estatales y la ampliación de plantas de personal, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia y la posible utilización política de la contratación pública.
Según denuncias recogidas por El Colombiano, ministerios como el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el Fondo para la Igualdad (FonIgualdad) y otras dependencias gubernamentales se encuentran bajo escrutinio por la expansión de sus equipos y la suscripción de numerosos contratos a pocos días de dar inicio a la Ley de Garantías.
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Las normas vigentes limitan desde el 31 de enero de 2026 la posibilidad de realizar contratación directa sin convocatoria pública, lo que ha provocado que diversas entidades adelanten procedimientos y aumenten el ritmo de vinculación de personal.
El Ministerio TIC se ha visto especialmente expuesto tras la salida de 14 funcionarios y la redefinición de los días hábiles, extendidos hasta cinco sábados consecutivos de enero de 2026 para formalizar contratos laborales.
Esta medida, consignada en resolución firmada por Olga Isabel Buelvas Dickson, secretaria general del Ministerio, busca —según la cartera— agilizar la gestión contractual “ante la necesidad de garantizar la eficiencia administrativa y atender el cúmulo de procesos en curso”.
Voceros ministeriales indicaron a El Colombiano que la llegada de Carina Murcia Yela como ministra motivó cambios en equipos directivos, justificando estas rotaciones como propias del régimen de libre nombramiento y remoción en cargos de alta dirección.
El Fondo para la Igualdad (FonIgualdad), vinculado al Ministerio de Igualdad, ha sido también objeto de nuevas denuncias. Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, expuso que FonIgualdad suscribió contratos por $70.582 millones con la firma Laborando S.A.S. para el trabajo temporal de más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.
A esto se suman contratos logísticos por $68.949 millones, que, según Valencia, fueron tercerizados para evadir exigencias de la Ley 80 de contratación pública y permitir “contratación a dedo”.
La senadora añadió que entre 2024 y 2025 el fondo sumó 308 contratistas en funciones similares a las del ministerio matriz, sin pertenecer a la carrera administrativa formal.
Según la congresista, la escasa publicación de documentos y la falta de información en la plataforma Secop aumentan la percepción de opacidad y derroche en pleno periodo preelectoral.
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Fondo de Adaptación figuran también en las denuncias recientes tras el relevo de quince técnicos y el nombramiento inmediato de treinta nuevos funcionarios, medidas impulsadas por Angie Rodríguez, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo de Adaptación.
Este fondo cuenta con una planta provisional financiada con $668 mil millones anuales, facilitando contrataciones bajo el argumento de gestionar el riesgo.
Algunas fuentes consultadas por el diario nacional lamentaron la pérdida de memoria técnica y alertaron sobre la intención de asegurar cuotas de poder antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
La Adres también es epicentro de críticas formuladas por el representante Andrés Forero, quedenunció un “crecimiento masivo burocrático” tras la propuesta de aumentar la planta de personal de 233 a 930 cargos, con lo que la nómina pasaría de $48.017 millones a $99.069 millones anuales. Forero sostiene que este rediseño responde al interés de aprovechar políticamente la nómina mientras persiste la crisis del sistema de salud.
Félix León Martínez, director de la Adres, afirmó en una respuesta escrita que la ampliación deriva de un estudio técnico de la Universidad Nacional de Colombia y busca formalizar los empleos de 660 contratistas para garantizar la sostenibilidad institucional. El proyecto cuenta con aval de los ministerios y de la Presidencia, aunque la ejecución está sujeta a la aprobación presupuestal del Ministerio de Hacienda.
El representante Forero también se refirió al aumento de la nómina en la EPS Famisanar, intervenida por el Gobierno, donde —según documentos oficiales— se sumaron 572 nuevos empleos durante 2025, con un incremento mensual de $2.700 millones en sueldos.
Entre los contratos firmados recientemente destacan asignaciones “inusuales” para bachilleres y técnicas en enfermería con salarios de hasta $40 millones, en medio de quejas por el deterioro en el suministro de medicamentos esenciales.
Solo en el último mes y medio, bajo la gestión del interventor José Gallo, se firmaron 75 nuevos contratos por más de $700 millones mensuales. La modificación del manual de requisitos internos en febrero de 2025 permitió ajustar criterios y niveles salariales para cargos directivos, facilitando la llegada de nuevos funcionarios en un contexto de emergencia económica y asistencial.
Mientras tanto, herramientas como el aplicativo Cuentas Claras, relevantes para la ciudadanía, han permanecido inhabilitadas en semanas críticas del ciclo electoral, dificultando la fiscalización del origen y uso de recursos de campaña.
La Ley de Garantías Electorales obliga a un control riguroso de cualquier ampliación de nómina, aunque en la práctica proliferan diferentes interpretaciones legales para adelantar procesos antes del inicio de las restricciones oficiales.