La tensión en la región del Catatumbo aumentó tras la confirmación del secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en El Tablazo, un sector del departamento de Norte de Santander, en horas de la madrugada del 6 de enero.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado oficial, que se conoció en la mañana del 9 de enero, se atribuyó la responsabilidad de este rapto: “Cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron capturados por unidades del ELN, sobre la vía que conduce de Cúcuta a Tibú”.
Según la agrupación armada, los agentes interceptados el 6 de enero, a las 4:40 a. m., se desplazaban en un vehículo de servicio público.
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En un comunicado dirigido al pueblo colombiano y publicado por el Frente de Guerra Nororiental del ELN, la organización confirmó la identidad de los uniformados: Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Camillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.
Además, el grupo insurgente aseguró que “los cinco prisioneros se encuentran en buen estado de salud, se les brindará y garantizará el debido proceso, trato digno, atención humanitaria y las garantías de seguridad”.
En el mensaje del ELN se mencionó que los cuerpos policiales adscritos a la jurisdicción de Tibú “se han convertido por orden presidencial, en apoyo y protección a la banda narco paramilitar del Frente 33 de la ex-Farc, lo que le ha garantizado a los narcoparamilitares su accionar criminal en contra de la población catatumbera”.
También señalaron que “los hace partícipes y cómplices del accionar criminal de los narco bandidos”.
El grupo armado añadió que en los próximos días revelará bajo qué condiciones podrían liberar a los patrulleros, aunque remarcaron que esta decisión dependerá de la presencia y acciones de las Fuerzas Militares del Estado colombiano en la zona. El comunicado concluyó con un lema que identifica a la organización: “¡Colombia... para los Trabajadores! ¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!”.
Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados
El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, informó sobre la activación de un amplio operativo conjunto entre la fuerza pública, las Fuerzas Militares y autoridades judiciales para localizar a los patrulleros, asegurando que la colaboración ciudadana será fundamental. Destacó la habilitación de la línea 123 y del número 314 358 7212 para recibir información confidencial que pueda contribuir a la liberación, siempre garantizando absoluta reserva a quienes colaboren.
“La recompensa de hasta $200 millones está destinada a quienes aporten pistas para facilitar la liberación de los uniformados”, declaró el general Rincón a Infobae, y subrayó el carácter “repudiable” del crimen: “Este hecho vulnera no solo la vida y la libertad de nuestros uniformados, también los principios más básicos de dignidad y humanidad, afectando profundamente la paz y la tranquilidad de toda la Nación”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que los patrulleros estaban fuera de servicio, vestidos de civil y sin armas al momento del secuestro. Sánchez señaló que el caso corresponde a la modalidad de “pesca milagrosa” por la cantidad de víctimas, aunque remarcó el modus operandi: los secuestradores, vestidos de civil y ocultando sus armas, inspeccionaron los celulares y procedieron a identificar a los agentes para luego llevárselos a la fuerza.
El ministro recordó además que actualmente hay nueve uniformados secuestrados en poder de grupos armados y envió un mensaje a sus familias: “Nunca dejaremos a nuestros uniformados atrás. Aunque hoy estén secuestrados, no están olvidados. El secuestro es un crimen que niega cualquier principio de humanidad. Quienes los mantienen en cautiverio deben pensar en sus familias y liberarlos de inmediato. Colombia entera lo exige. A las familias de nuestros 9 uniformados: no están solas”.
En contexto, la región del Catatumbo sufre un deterioro progresivo del orden público debido al enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales, factor que incrementa los riesgos para agentes estatales y civiles. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los derechos fundamentales de los secuestrados y exigieron el regreso inmediato y seguro de los patrulleros. El dispositivo de búsqueda continúa activo, mientras la recompensa pretende incentivar a ciudadanos de la zona a entregar información clave para esclarecer el caso.
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