El ajuste comunicado por el Gobierno de Gustavo Petro a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha generado alarma entre pacientes y actores del sistema de salud en Colombia.
Ellos advierten que la medida no solo profundiza la desfinanciación salud, sino que agrava una crisis humanitaria vigente, según declaraciones recogidas por Semana.
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“El gobierno del presidente Petro ha sido coherente con su línea de destruir la salud de los colombianos y poner en peligro la vida de los pacientes”, expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, en entrevista con el medio.
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Para Silva, la crisis actual resulta de diversas omisiones e incumplimientos, como “haber generado una crisis humanitaria sin precedentes”, desconocer sentencias de la Corte Constitucional y avalar “ajustes” que, en su opinión, solo “generan desfinanciación” hacia 2026.
La situación, afirmó Silva al medio mencionado, se agravó tras el anuncio del ministerio de Salud el 30 de diciembre: “El gobierno del presidente Petro nos dice que no hay mérito para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional porque la plata es suficiente. Si así fuera, hoy el Gobierno administra ocho EPS que suman el 51% de la población”.
Añade que el Estado gestiona más de la mitad de los recursos del sistema y denuncia que “todos los indicadores son nefastos en esa gestión del Gobierno”.
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Silva señala la intervención en la Nueva EPS como epicentro de la problemática. “La Nueva EPS está intervenida por el gobierno de Gustavo Petro. En este tiempo han pasado cuatro gerentes, cuatro interventores, siete gerentes de contratación y cuatro gerentes financieros. Cada vez que llega un interventor, arma su propio equipo”, explicó a Semana. Sostiene que “todo lo que toca el Gobierno, lo acaba”.
En esa línea, el vocero mencionó que Colsubsidio, uno de los mayores operadores farmacéuticos, dejó de suministrar medicamentos a la Nueva EPS por falta de pago.
“La Nueva EPS recibe cerca de 2 billones de pesos. ¿Qué están haciendo con esos recursos? ¿Para dónde va el dinero de la salud? Si no lo están invirtiendo en salud, no pagan lo que contratan hoy ni las deudas anteriores, entonces, ¿dónde está la plata?”, cuestionó Silva.
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Sobre la deuda hospitalaria, el informe de la Contraloría advierte que los hospitales acumulan más de 22 billones de pesos en cuentas no pagadas. En su mayoría, esta corresponde a EPS bajo intervención estatal.
“El paciente siempre va a ser el gran afectado”, enfatizó Silva. Explicó que, cuando una EPS no paga a los hospitales, “el paciente termina como cobrador de todos los agentes del sistema”. Además, planteó dudas sobre el origen de la deuda y demandó claridad: “¿Es tan rentable el negocio de la salud en el que a muchas IPS les siguen prestando servicios y funcionando sin ningún problema?”.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Silva hizo un llamado a los candidatos: “Necesitamos un candidato que le duela la salud”.
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Aunque no respaldó públicamente a ningún aspirante, expresó inquietud por nombres como Iván Cepeda y Roy Barreras. Sobre Cepeda, señaló: “Ha dicho que va a dar continuidad a la política del gobierno del presidente Petro y hay que preguntarle si la línea es seguir acorralando el sistema y acabando con la salud de los colombianos”.
Respecto a Barreras, la inquietud persiste: “¿Cuáles son las propuestas reales para salvar la salud?”. Para Silva, es fundamental “transformar el sistema de salud”. Sin embargo, precisa que transformar “no quiere decir que tenemos que acabarlo. Podemos rescatar lo que se puede rescatar, mejorar lo que haya que mejorar y acabar lo que no funciona. Y queremos saber hasta dónde estamos dispuestos a pagar para salvarlo”.
El contexto político acentuó el impacto del ajuste: el anuncio de la UPC se realizó un día antes del Año Nuevo, algo que Silva interpretó como parte de una estrategia estatal, según explicó a Semana.
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“El Gobierno utiliza la salud como trampolín. Los congresistas no me aprobaron la reforma, así que esa factura se le pasa a los colombianos”. Insistió en que faltan “219 eternos y largos días para finalizar el gobierno de Gustavo Petro” y consideró “desolador” el escenario futuro para el sector.
Para Silva, el ciclo político y financiero que comienza en 2024 anticipa “más cierres, mayores demoras en la atención y pacientes en condiciones de vulnerabilidad”, en un sistema de salud que, para muchos, ya no se ajusta y parece haber quedado al margen.