Una nueva controversia internacional marcó el inicio del calendario político colombiano tras la convocatoria realizada por el presidente Gustavo Petro a una movilización nacional programada como la primera del año 2026.
El llamado, difundido mediante dos publicaciones en redes sociales, surge como respuesta a recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien lanzó duros señalamientos contra el jefe de Estado colombiano.
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Según explicó Petro, la jornada ciudadana busca defender la soberanía y la autodeterminación frente a lo que calificó como una amenaza externa.
Trump lo tildó de “enfermo”, lo acusó de respaldar economías ilegales y dejó abierta la posibilidad de incursiones militares sobre Colombia, afirmaciones que desde la Casa de Nariño fueron interpretadas como un riesgo para la estabilidad regional.
La concentración fue fijada para el miércoles 7 de enero de 2026, desde las 4:00 de la tarde, con encuentros simultáneos en plazas principales del país.
El presidente anunció que participará directamente desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se dirigirá a la ciudadanía en un discurso que sería su respuesta pública a los cuestionamientos provenientes de Washington.
En uno de sus mensajes, Petro aseguró que “se han reunido fuerzas sociales” para respaldar esta movilización general, destacando que el objetivo central será reafirmar que Colombia es “libre” y no acepta presiones extranjeras.
Posteriormente, reforzó la invitación mediante un video explicativo, donde señaló que la convocatoria también permitirá medir el respaldo popular hacia su administración.
Adicionalmente, el mandatario pidió a los ciudadanos izar la bandera nacional en viviendas y balcones como símbolo de apoyo frente a cualquier intento de injerencia.
Este gesto, según explicó, representa unidad y defensa del interés colectivo ante escenarios internacionales adversos.
Pronunciamiento de Daniel Briceño
La iniciativa provocó reacciones divididas en plataformas digitales.
Mientras sectores afines celebraron el llamado como una expresión legítima de soberanía, voces críticas advirtieron un trasfondo electoral, considerando la cercanía de la campaña presidencial y el impacto político de una movilización masiva impulsada desde el poder ejecutivo.
Uno de los pronunciamientos más fuertes provino del exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, que rechazó participar en la jornada.
En su mensaje afirmó: “Conmigo no cuenten”, y señaló que la convocatoria hace parte de una estrategia para “victimizarse” y presionar apoyos institucionales.
También sostuvo que solidarizarse con Petro y con el presidente venezolano implica “traicionar” a la institucionalidad.
“Solidarizarse con Petro y Maduro es traicionar al país y a la institucionalidad misma”, aseveró.
Alejandro de Bedout y Wilson Ruiz Orejuela también se pronunciaron por marcha de Petro: “Descarados”
El abogado y concejal de Medellín Alejandro de Bedout lanzó fuertes críticas al señalar que el Gobierno Petro estaría empleando ministerios y entidades oficiales como herramienta de defensa política.
En su mensaje afirmó que Petro “salió a convocar marchas” utilizando recursos públicos, logotipos institucionales y cuentas estatales, lo que, a su juicio, constituye una estrategia para blindarse ante cuestionamientos nacionales e internacionales.
De Bedout calificó la actuación como “descarada” y sostuvo que el Ejecutivo debería concentrarse en cumplir sus funciones. Según expresó, el tiempo de la administración se agota mientras el país enfrenta desorden, división social y un ambiente de confrontación constante.
A estas críticas se sumó el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, quien también rechazó la convocatoria a las plazas públicas.
En su pronunciamiento aseguró que llamar a marchas no equivale a proteger la soberanía, sino que refleja “miedo” frente a la presión externa.
Ruiz enfatizó que el mensaje del expresidente estadounidense Donald Trump no estaría dirigido contra Colombia, sino contra Petro de manera personal.
El exfuncionario agregó que la bandera nacional no debe utilizarse para ocultar “errores” ni decisiones improvisadas.
En su opinión, la defensa de la soberanía se construye mediante ley, seguridad institucional y resultados concretos, no con discursos encendidos ni arengas multitudinarias.
Las reacciones evidencian un clima político cada vez más tenso, donde la movilización social promovida desde el poder ejecutivo es interpretada por sectores opositores como una maniobra electoral anticipada.
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