La administración de Gustavo Petro entrará en su recta final, en la que tendrá que enfrentar una serie de retos críticos que, según dos especialistas consultados por Infobae Colombia, definirán su cierre de gestión. Las dificultades fiscales, el aumento de la inseguridad, el deterioro de la relación con Estados Unidos y la parálisis legislativa sitúan al Ejecutivo en una encrucijada con repercusiones, en medio de las elecciones que se avecinan.
Aunque en su agenda se anotan éxitos como la aprobación de la reforma laboral, uno de los tres pilares de su administración, además de la disminución del desempleo a un dígito –según datos del Dane– y la revolución en el financiamiento de la educación superior pública; es claro que existen ciertos frentes en los que tendrá desafíos importantes no solo para su balance final, sino que van más allá del 7 de agosto de 2026 en Colombia.
En la antesala del fin de año, Petro sorprendió con una determinación: la remoción de la que fue, hasta el sábado 27 de diciembre, la cúpula militar, con la salida –entre otros– del comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, y el del Ejército, general Luis Emilio Cardozo. En sus cargos llegarán los generales Hugo Alejandro López y Royer Gómez, respectivamente, como parte del viraje de la estrategia de defensa.
“Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”, advirtió Petro, consciente de que uno de los pilares en el tramo definitivo de su administración es el de propender por la estabilidad del orden público; aunque estos cambios fueron asociados con el reciente anuncio de convocar a una asamblea nacional constituyente, lo que causó un clima de preocupación.
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Las crisis fiscal sacudirá la economía colombiana
De acuerdo con David Fernando Varela, Doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington D. C. y de la Universidad Javeriana, el principal desafío económico del Gobierno es el manejo del déficit fiscal, que se proyecta en más del 6,7% del PIB y exige un ajuste de al menos $45,4 billones. Un escenario adverso si se tiene en cuenta que se han tomado decisiones arriesgadas, como la suspensión de la regla fiscal.
El académico señaló que la negativa del Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria limita, sin duda, las opciones del Ejecutivo para aumentar ingresos, con un hueco fiscal de por lo menos $16 billones. La necesidad de acudir a la deuda pública y el encarecimiento de los créditos, dados los recortes en la calificación crediticia por parte de Fitch y Moody’s, configuraron un entorno de mayor riesgo y dificultad para acceder a recursos frescos.
“La otra fuente con la que cuenta el Gobierno es naturalmente la deuda pública. Y es evidente que el Gobierno ha aumentado su volumen de deuda, ha emitido TES con tasas de interés muy elevadas por encima de la referencia del Banco de la República. Pero esto es una solución que va en contravía de la regla fiscal y puede conducir también a una rebaja de la calificación crediticia de Colombia”, expresó Varela a esta redacción.
Y advirtió que, ante esta fragilidad, el país podría enfrentar problemas para cumplir con el pago de servicios públicos, la nómina estatal y los compromisos contractuales. “La situación de la caja, tesorería, no es la mejor y puede seguir agravándose a medida que avanza el 2026”. Esta dinámica se vería agravada por el crecimiento de los gastos por encima de los ingresos, mientras el Ejecutivo se resiste a adoptar políticas de austeridad.
El margen de maniobra legislativo se ha reducido casi al mínimo en la recta final de la administración. El Congreso está inmerso en el ciclo electoral, con las elecciones legislativas y presidenciales, y la probabilidad de aprobar reformas estructurales como la de salud o la laboral es baja. Esta parálisis legislativa ha impedido que el gobierno avance en iniciativas clave para blindar las finanzas públicas y afianzar cambios institucionales.
En respuesta, el Ejecutivo explora el uso de decretos, como el de emergencia económica, y la consulta popular como vías alternativas para introducir modificaciones. Sin embargo, este recurso podría elevar la tensión política y aumentar la controversia jurídica, al tiempo que acentuaría la polarización y dificultaría la gobernabilidad en el tramo final del mandato, que además se ha visto permeado por sonoros casos de corrupción estatal.
“No se sabe si la declaratoria de emergencia económica va a ayudar a llenar ese hueco fiscal, porque existe una serie de incertidumbre legal. Hay precedentes que señalan la alta probabilidad de que la Corte Constitucional encuentre inexequibles esas disposiciones", precisó el experto, frente a un cronograma en el que el alto tribunal solo entrará a operar el 13 de enero, superada la vacancia judicial, en pro de medir el control de legalidad.
Seguridad, violencia y el desafío de la Paz Total
Por su parte, Manuel Camilo González, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca de España y profesor de Relaciones Internacionales de la Javeriana, indicó que la inseguridad es uno de los grandes retos del cierre del Gobierno Petro. En especial, cuando la estrategia diseñada para poner fin a los conflictos armados a lo largo y ancho del país sigue sin dar resultados satisfactorios para las poblaciones.
“El crecimiento de los grupos armados ilegales, la competencia entre ellos y por ende la violencia en varios segmentos territoriales del país plantea dudas sobre la efectividad de la ‘Paz Total’ y la capacidad del Estado de ejercer control sobre la población”, declaró González a Infobae Colombia, con lo que hizo énfasis en la situación que se ha registrado con el accionar de organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo de las disidencias de las Farc.
Y es que el control territorial por actores armados en regiones periféricas, junto con el aumento de la inseguridad urbana, representa una preocupación central no solo por Petro, sino por los actores políticos que participarán en la contienda. La posibilidad de cerrar acuerdos o desescalar la violencia se vuelve urgente para el Gobierno, que busca evitar que su política insignia termine marcada por una percepción de fracaso generalizado.
El futuro de la política internacional y la relación Colombia-Estados Unidos
Un elemento clave en este panorama es el deterioro de los vínculos con Estados Unidos, en un aspecto en el que coinciden González y Varela. Para este último, la reducción de la cooperación en seguridad y la suspensión de programas militares han minado la relación bilateral, mientras el aumento del 70% en la producción de cocaína ha motivado señales adversas, que ya se ven en sanciones personales a Petro y sus colaboradores directos.
Entretanto, González fue más allá. “Este año supuso un año crítico con nuestro socio en el hemisferio, Estados Unidos. De lado y lado, la relación se debilitó y está en un punto muy bajo que afortunadamente no ha caído en la ruptura. Cooperación en seguridad y un clima de negocios para atraer la inversión, por ejemplo, el turismo, son pilares que necesitan restablecerse, para desandar el mal momento de la relación bilateral", afirmó el letrado.
Y es que este fenómeno puede tener efectos inmediatos en la economía: La imposición de aranceles o barreras comerciales por parte de EE. UU. podría afectar a los principales sectores exportadores del país, y las dificultades para obtener visas o viajar incrementarían las tensiones. Además, si el entorno latinoamericano continúa inclinándose hacia regímenes como el de Venezuela, el aislamiento internacional podría acrecentarse.
“La presión parece fuerte para lograr un cambio de régimen allí, pero no se ve que Maduro esté dispuesto a ceder y ni que las Fuerzas Armadas hayan cambiado su posición de apoyo irrestricto. Luego, será un punto, sin duda, clave de las relaciones internacionales de Colombia”, acotó Varela frente a este dilema, pues Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos en la región, con más de 2 millones, según datos de la Cancillería.
¿Habrá sucesión del proyecto progresista de Petro, o Colombia también girará hacia otras corrientes políticas?
En la fase final de su administración, Petro y su coalición han intentado dominar la agenda política, en un ambiente marcado por la polarización y el escrutinio judicial. Mantener un nivel de aprobación entre el 30% y el 35% es clave para que el candidato oficialista tenga posibilidades reales en la contienda presidencial: en una campaña en la que los sectores de derecha confluirán en consultas interpartidistas para unir fuerzas contra el progresismo.
Iván Cepeda, senador que se presentó a la consulta interna del Pacto Histórico, el 26 de octubre, y resultó ganador, parte con amplia ventaja –según las encuestas– para convertirse en el aspirante del proyecto de izquierda y, en ese orden de ideas, en el sucesor de Petro. No obstante, es claro que desde diferentes sectores se tejerán estrategias para evitar que, por interpuesta persona, se reelija el actual Gobierno, que ha hecho campaña abierta.
Al mismo tiempo, las investigaciones por presunta violación de límites en la financiación de la campaña de 2022, adelantadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que ya arrojaron las primeras sanciones, continúan generando presión sobre la legitimidad y estabilidad del Ejecutivo. De ahí el endurecimiento del discurso oficialista, orientado a movilizar su base de apoyo, que apostará a profundizar la división social previo a los comicios.