El desplazamiento forzado desde la región del Catatumbo hacia Cúcuta mantiene en alerta a las autoridades locales por el volumen de personas que han llegado durante 2025, un comportamiento que, según la administración municipal, no tiene registros comparables en años anteriores.
La advertencia fue realizada por Leandro Ugarte, secretario de Víctimas de la capital de Norte de Santander, en declaraciones entregadas a un espacio radial nacional.
El funcionario explicó que el flujo de familias desplazadas se ha mantenido constante desde mediados de enero, con picos significativos hacia el cierre del año.
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Durante su intervención, señaló que la dinámica del desplazamiento no ha sido episódica, sino sostenida, lo que ha generado una presión acumulada sobre los recursos disponibles del municipio para la atención humanitaria inmediata.
“Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, afirmó Ugarte citado por Blu Radio, al detallar las cifras más recientes de personas que han arribado a la ciudad como consecuencia de la violencia en zonas rurales del Catatumbo.
Las autoridades locales explicaron que estos datos corresponden a registros oficiales levantados por la administración municipal.
De acuerdo con el secretario de Víctimas, el crecimiento sostenido en la llegada de población desplazada ha desbordado la planeación presupuestal del municipio, que fue diseñada con base en escenarios de menor impacto. La situación, explicó, ha obligado a la Alcaldía a gestionar apoyo adicional ante entidades del orden nacional para poder garantizar la atención básica de quienes llegan en condición de vulnerabilidad.
“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, manifestó el funcionario en ese medio de comunicación, al referirse a las limitaciones financieras que enfrenta la ciudad para sostener la respuesta humanitaria.
Las autoridades locales indicaron que Cúcuta no cuenta actualmente con albergues temporales habilitados para recibir a esta población. Según la información entregada, las familias desplazadas han optado por soluciones de autoalbergue, recurriendo a redes de apoyo familiares o comunitarias, mientras reciben la atención inicial por parte del municipio.
Ugarte precisó que, ante esta situación, la administración ha priorizado la entrega de kits de alimentación y aseo como primera respuesta, en coordinación con las entidades competentes. Estas ayudas buscan cubrir necesidades básicas mientras se activan otros mecanismos de apoyo institucional. Sin embargo, el funcionario reiteró que la capacidad de respuesta local es limitada frente a la magnitud del fenómeno.
El secretario también explicó que la mayoría de las personas que llegan a Cúcuta lo hacen como cabeza de núcleo familiar, lo que incrementa la demanda de atención integral, no solo en alimentación, sino también en salud, educación y acompañamiento psicosocial. Esta característica del desplazamiento ha sido tenida en cuenta en los reportes enviados a las autoridades nacionales.
Durante su intervención, Ugarte insistió en que la dimensión del desplazamiento registrado en 2025 no tiene precedentes documentados en el país, al menos desde la perspectiva de la administración municipal. En ese contexto, solicitó que el fenómeno sea abordado como una emergencia de alcance nacional, con medidas extraordinarias que permitan aliviar la carga financiera y operativa que enfrentan los entes territoriales receptores.
“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, expresó el secretario de Víctimas de Cúcuta, al reiterar el llamado al Gobierno central.