La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, un ciudadano de 22 años oriundo del departamento del Magdalena, y solicitado por Lituania bajo cargos de terrorismo y espionaje.
El joven nacido en Santa Marta enfrenta acusaciones por su presunta vinculación con un grupo internacional que, según las autoridades lituanas, operaba en varios países y mantenía nexos directos con agentes de inteligencia de la Federación de Rusia.
De acuerdo con el expediente judicial al que accedió Cambio, la investigación detalla que Ramos Santos habría participado en operaciones de inteligencia dirigidas contra una empresa proveedora de drones para la guerra en Ucrania, en una acción coordinada para beneficiar los intereses rusos.
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La orden de captura contra Ramos Santos fue emitida tras una solicitud del Tribunal de Distrito de Vilna, el 3 de diciembre de 2024.
El documento (auto) de detención sostiene que el joven está implicado en “tres delitos intencionales graves” cometidos entre el 2 y el 23 de septiembre de 2024, por parte de un grupo ilegal con presencia internacional.
El mismo archivo judicial precisa: “Los delitos investigados se caracterizan por una planificación minuciosa, una distribución detallada de tareas y roles entre los miembros del grupo terrorista organizado, son conspirados y coordinados por los oficiales de los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia, con un carácter internacional, eligiendo personas con estatus legal en el territorio de la Unión Europea para llevar a cabo estos crímenes”.
La detención de Ramos en Barranquilla ocurrió en julio de 2025, luego de la difusión de una circular roja de Interpol.
Según la documentación oficial, el Departamento de Investigación de la Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía General de Lituania lo incluyó en el proceso penal 01-1-36396-24 como sospechoso principal, sustentando los cargos en una resolución fechada el 2 de diciembre de 2024.
El expediente revelado por el mismo medio colombiano destaca además la coordinación de los presuntos actos terroristas se habría efectuado a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram.
Además de Ramos Santos, la investigación apunta a Alexeis Pecera, ciudadano cubano conocido por los alias 08 y Alek, quien operaría desde San Petersburgo; Oemis Romagoza Durruthy, también cubano, bajo los alias Zans Adrian o Ismael Zans; y al colombiano Carlos Alberto Legarda Devia, radicado en España, junto a otros individuos de diferentes nacionalidades.

Los detalles de la acusación en contra del ciudadano colombiano Gonzalo de Jesús Ramos Santos por parte de Lituania
Las autoridades lituanas sostienen que estos actores actuaron “en interés de los servicios de inteligencia y seguridad de la Federación de Rusia, con el fin de alcanzar los objetivos terroristas de intimidar a la población y coaccionar a los Estados para que no presten apoyo a la República de Ucrania en la lucha contra la agresión militar de la Federación de Rusia, (y para) desestabilizar las estructuras constitucionales, políticas, económicas y sociales más importantes de los Estados”.
El dosier judicial añade que el grupo tenía como objetivo “dirigir un grupo terrorista organizado (en lo sucesivo denominado OTG) que (actuó) de forma concertada con el objetivo de cometer delitos terroristas –actos terroristas en el territorio de los Estados de la Unión Europea–, incluida la República de Lituania, e implicar a los ciudadanos de la Unión Europea en las actividades del OTG”.
El mismo portal colombiano rescató que una de las acciones atribuidas a Ramos Santos fue la localización y espionaje de la empresa UAB TVC Solutions, especializada en drones, con el fin de “comprobar el número de estaciones móviles para el análisis del espectro, una de las cuales tiene un valor de 79.417 euros”, así como de verificar la infraestructura y protección física de la firma, tanto en exteriores como en interiores.
Los informes recabados, de acuerdo con el expediente, se transmitieron a contactos vinculados al Servicio de Inteligencia y Seguridad de Rusia usando un teléfono suministrado desde ese país.
El documento judicial describe con detalle el itinerario seguido por Ramos Santos.
Según el texto, “Gonzalo de Jesús Ramos Santos, el 2 de septiembre de 2024 a las 03:32 horas desde la región de Kaliningrado (Rusia) a través del PKP de Kybartai, llegó al territorio de la República de Lituania en el autobús Neoplan N1122, v/n HR 6239, en el vuelo Kaliningrado-Riga, y luego, conspirativamente, para disimular el propósito de su entrada, no desembarcó en el territorio de la República de Lituania, y continuó su viaje a la ciudad de Riga, República de Letonia”.

Después el colombiano viajó hasta Vilna y se alojó en una casa de huéspedes, desde donde habría partido para cumplir las tareas asignadas.
El expediente detalla: “Él (Gonzalo de Jesús Ramos Santos), realizando las tareas acordadas de antemano por el OTG, vestido con ropa diferente, salió de la casa de huéspedes y llegó hacia las 20:38 horas al territorio de UAB TVC Solutions donde permaneció en el territorio de la empresa hasta las 20:45 horas. Tomó fotografías y habló por teléfono, utilizando la aplicación WhatsApp, transmitió la información que se le había encargado recopilar y regresó a su casa de huéspedes a las 21:26 horas”.
Al día siguiente, Ramos repitió la operación, grabando información en video que también fue enviada a los supuestos contactos rusos.
El papel del otro colombiano y los cubanos que también buscan las autoridades de Lituania
Las autoridades de Lituania documentan que tras la recolección de información, Ramos Santos viajó al aeropuerto de Vilna y abordó un vuelo hacia Noruega.
El documento también involucra a otros ciudadanos colombianos y cubanos en acciones similares (mencionados al comienzo del artículo), incluidas tentativas de incendiar instalaciones de la empresa lituana.
El texto señala: “(…) actuando en el marco de un plan preestablecido de la OTG, Andrés Felipe Diaz Rivas, por motivos egoístas, con vistas a obtener 4.000 euros por un acto terrorista cometido contra TVC Solutions UAB, habiendo enviado previamente una foto de su carné de identidad a través de Telegram. Carlos Alberto Legarda Devia obtuvo de este último una foto de un billete de avión de Barcelona a Vilna y una foto de satélite de tres edificios que iban a ser incendiados en la ciudad de Siauliai”.
La investigación incluye registros minuciosos de movimientos migratorios, pagos de traslados y alojamientos, así como la compra de materiales inflamables.
Según los documentos, el objetivo era destruir “19 estaciones móviles de análisis del espectro de ondas de radio, que se encontraban destinadas para el territorio ucraniano, con un valor total de 1.508.923 euros”, aunque el ataque no se concretó.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, tras revisar los documentos y la identidad de Ramos Santos, concluyó que no existía impedimento legal para proceder con la extradición.
En el concepto favorable emitido, la Sala de Casación Penal expresó:
“La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombo-ruso Gonzalo de Jesús Ramos Santos, formulada por el gobierno de la República de Lituania, para que responda por los cargos contenidos en la resolución ‘sobre la consideración de una persona como sospechosa’, emitida por las autoridades del país requirente, en el interior del proceso penal No. 01-1-36396-24”.
El futuro legal de Gonzalo de Jesús Ramos Santos ahora dependerá de la decisión final del Gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, y de los procesos judiciales que le esperan en territorio lituano, donde deberá responder por los cargos que se le imputan en relación con las operaciones de espionaje y terrorismo internacional.
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