El bus que se accidentó en el nordeste antioqueño y dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor, operaba al 97% de su capacidad autorizada, según informó el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, en declaraciones según La FM, en el desarrollo de la investigación preliminar que adelantan las autoridades.
El funcionario precisó que el vehículo no contaba con cinturones de seguridad, una falla considerada grave en el transporte intermunicipal de pasajeros, y confirmó que el siniestro ocurrió el pasado 14 de diciembre, en jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia, mientras avanzan las verificaciones técnicas y administrativas para establecer responsabilidades.
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De acuerdo con el informe técnico divulgado por la entidad, el vehículo, adscrito a la empresa Precoltur, transportaba 39 pasajeros, pese a que su capacidad máxima era de 40 personas. Aunque la ocupación no superó el límite legal, las autoridades advirtieron que el alto nivel de carga humana, sumado a múltiples fallas de seguridad, incrementó de forma significativa la gravedad del accidente.
Uno de los hallazgos más delicados fue la ausencia total de cinturones de seguridad para los pasajeros, un requisito básico en el transporte intermunicipal. A esto se sumó la inexistencia de salidas de emergencia funcionales en las ventanas, sillas en condiciones inadecuadas para el servicio y la falta de extintores y otros elementos de atención de emergencias.
El reporte también evidenció que el bus carecía de un sistema de comunicación con la empresa operadora, lo que impidió un seguimiento efectivo de la ruta y dificultó una respuesta inmediata tras el siniestro. Tampoco se encontraron mecanismos de monitoreo que permitieran verificar en tiempo real las condiciones del vehículo o el cumplimiento del recorrido autorizado.
Otro punto crítico identificado por la Supertransporte fue la deficiente revisión técnico-mecánica realizada en agosto por un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA). Según explicó el superintendente de Transporte, el procedimiento no cumplió con el checklist obligatorio exigido por la normatividad. El análisis de los videos de inspección, que superan una hora y reposan en la plataforma Sicod, permitió establecer que más del 80% de las pruebas no se ejecutaron correctamente.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la omisión en la verificación del estado de frenos, luces, rines y labrado de las llantas, así como la falta de revisión adecuada de los sistemas de emergencia. Además, el bus no tenía varias cintas reflectivas obligatorias en la parte trasera, lo que reducía su visibilidad en carretera, especialmente en condiciones de baja iluminación.
Las fallas no se limitaron al estado del vehículo. La investigación administrativa reveló que la empresa Precoltur incumplía obligaciones estructurales, como la afiliación de todos sus conductores al sistema de seguridad social, la ausencia de un plan de rodamiento formalmente aprobado y la falta de un organigrama que definiera responsabilidades operativas y de control.
Estos hallazgos llevaron a la suspensión de la habilitación de la empresa por seis meses, mientras avanzan los procesos administrativos sancionatorios. Durante este periodo, la Supertransporte adelanta una revisión exhaustiva de toda la flota afiliada a la compañía, con el objetivo de verificar si existen condiciones similares en otros vehículos.
El historial de Precoltur también fue incluido en el análisis oficial. Según información entregada por la entidad, el bus involucrado en la tragedia ya había registrado dos accidentes anteriores, en los años 2021 y 2023, ambos con personas lesionadas. A esto se suma un siniestro adicional ocurrido el 22 de diciembre, también con un vehículo de la empresa, que dejó 12 heridos, tres de ellos en estado crítico.
Sobre las causas del accidente, la Supertransporte indicó que aún se evalúan varias hipótesis. Un informe preliminar apunta a la falta de mantenimiento adecuado y la omisión de controles esenciales de seguridad, aunque no se descarta un posible microsueño del conductor. Esta línea continúa en análisis mientras se consolidan los dictámenes técnicos y periciales.
La entidad concluyó que el caso evidencia una cadena de fallas que compromete tanto a la empresa transportadora como a los organismos encargados de certificar la aptitud del vehículo, en particular el CDA que avaló la revisión técnico-mecánica. Los resultados finales de la investigación serán determinantes para establecer sanciones adicionales y posibles responsabilidades administrativas.