La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 38 bienes, valorados en más de 7.000 millones de pesos, presuntamente adquiridos con recursos ilícitos vinculados al grupo delincuencial Rastrojos Nueva Generación.
Los activos, que incluyen inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, se encuentran distribuidos en los municipios de El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua, en el Valle del Cauca, así como en El Tambo y Buenos Aires, en el Cauca.
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La investigación determinó que estos bienes estarían relacionados con delitos graves como homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.
Las autoridades identificaron que los activos superan los 7.000 millones de pesos y que su adquisición se habría realizado mediante recursos provenientes de actividades delictivas asociadas al grupo Rastrojos Nueva Generación, el cual mantiene presencia en varios municipios del norte del Valle del Cauca.
El análisis de la Fiscalía reveló que los bienes no figuran a nombre de los integrantes directos del grupo, sino de terceros que no presentan actividad económica ni ingresos formales que justifiquen la adquisición y el sostenimiento de dicho patrimonio. Esta modalidad busca dificultar la trazabilidad de los recursos y encubrir el origen ilícito de los activos.
Como parte de la acción judicial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los 38 bienes identificados. Estas medidas buscan impedir que los presuntos responsables dispongan de los activos mientras avanza el proceso de extinción de dominio, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región.
La investigación evidenció que los titulares de las propiedades carecen de justificación económica para respaldar la procedencia y el mantenimiento de los bienes, lo que refuerza la hipótesis sobre su vínculo con actividades ilícitas.
El resurgimiento de Los Rastrojos genera alarma en el Valle del Cauca
El presunto resurgimiento de Los Rastrojos en Colombia ha generado alarma en el Valle del Cauca, donde autoridades investigan amenazas y panfletos atribuidos a la autodenominada “Nueva Generación de los Rastrojos”.
El grupo, vinculado a un aumento de la violencia y la extorsión en la región, estaría liderado por antiguos cabecillas de la organización original, según documentos reservados de la fuerza pública citados por El Espectador.
La estructura criminal, que opera en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, ha sido relacionada con prácticas violentas como la decapitación de víctimas y el uso de nombres alternativos, como La Oficina de Tuluá o El cartel del Cilantro y la Cebolla, para evadir a las autoridades.
Informes de inteligencia señalan que Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, actualmente preso en la cárcel La Picota de Bogotá, es identificado como jefe de La Inmaculada y principal responsable de una red de extorsión que opera desde prisión.
En mayo de 2024, “Pipe Tuluá” admitió haber ordenado el asesinato del alcalde de Tuluá, lo que refuerza su rol como líder de la estructura.
El 5 de marzo, la alcaldesa de Río Frío, Viviana Mena Zapata, denunció públicamente amenazas de muerte por parte de este grupo, y advirtió sobre la falta de protección estatal que deja a su municipio expuesto a la criminalidad.
Según las autoridades, “Pipe Tuluá” habría ordenado ataques contra funcionarios del Inpec como represalia por su fallido intento de mediar entre el Gobierno y el crimen organizado del Valle del Cauca.
El foco también recae sobre antiguos líderes de Los Rastrojos, como los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna (los Comba) y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo.
De acuerdo con El Espectador, los Comba, que se entregaron a la justicia estadounidense en 2012 y recuperaron la libertad en 2020, habrían retomado actividades delictivas desde el extranjero. Una denuncia presentada en marzo de 2022 ante la Dijín señala que los Calle Serna estarían financiando una red internacional de narcotráfico desde Colombia, con apoyo de antiguos aliados no procesados penalmente.