No para la polémica por la reciente aparición de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, en medio de una fiesta en Nicaragua mientras las autoridades colombianas intentan capturarlo y extraditarlo al país.
De hecho, en la mañana del martes 16 de diciembre, la Policía Nacional confirmó que tuvo conocimiento de la ‘fiestica’ del exfuncionario que mantiene una orden internacional de captura activa por su presunta participación en uno de los entramados corruptos más grandes del Gobierno Petro que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Según indicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, titular de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la posibilidad de que Carlos Ramón González sea detenido en el corto plazo permanece incierta, pues la ejecución de la orden internacional de captura contra el exdirector depende íntegramente del respaldo de otros países, según confirmó la en Colombia.
“Es importante señalar que tiene una circular roja que está vigente. Allí se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos 196 países que están vinculados a la OCN Interpol”, indicó Sanabria.
El oficial informó que las autoridades nacionales mantienen un monitoreo constante sobre el asunto, aunque el éxito final recae en la respuesta y disposición de los Estados miembros de Interpol para colaborar con la justicia colombiana.
El reciente video que circuló en redes sociales, en el que se observa a González en lo que se describe como una fiesta en Nicaragua, puso nuevamente en el foco el caso de este exfuncionario actualmente prófugo.
Según Sanabria, las autoridades colombianas tuvieron conocimiento de los movimientos del exdirector, pero sus capacidades se han visto limitadas por la poca cooperación que han recibido por parte del gobierno nicaragüense.
“Tuvimos conocimiento del desarrollo de esas actividades por parte de esta persona que hoy está prófuga de la justicia”, comentó el oficial.
La Dijín sostiene que la circular roja de Interpol —instrumento que alerta a los 196 países miembros sobre la búsqueda de personas con requerimiento judicial— sigue activa en los sistemas globales.
Sanabria reiteró que la existencia de dicha notificación “no implica una captura automática” y recalcó que “necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos 196 países que están vinculados a la OCN Interpol”.
De acuerdo con el director de la Dijín, Interpol opera fundamentalmente como un canal de coordinación internacional, pero no cuenta con competencias para ejecutar detenciones de forma directa en territorios soberanos.
“Frente a esto, mientras no haya la cooperación en esa parte, pues necesitaríamos materializar esa orden de captura”, resaltando que el proceso queda subordinado a la decisión y los procedimientos internos del país donde se encuentre el señalado.
La investigación, según precisaron las autoridades, continúa su curso, con trazabilidad sobre los movimientos de González, pero sin avances efectivos mientras no se concrete la cooperación internacional indispensable para ejecutar la detención.
La respuesta institucional se da después que el Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia y uno de los prófugos más buscados por la justicia del país, fue grabado bailando en una fiesta vallenata en Nicaragua mientras sigue pendiente su extradición a Colombia.
El evento, celebrado el 11 de diciembre de 2025 en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, fue de carácter oficial y promovido por la Cancillería de Colombia.
La presencia de González en la celebración, organizada por el Gobierno colombiano, generó una fuerte reacción pública debido a su estatus de fugitivo. Las imágenes, difundidas por W Radio, muestran a González participando activamente en la fiesta a las 7:00 p. m.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, González lideró una red que facilitó pagos ilegales a servidores públicos para agilizar trámites administrativos vinculados a reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro. Las pruebas indican que, a través de intermediarios como Olmedo López, gestionó pagos de más de 3.000 millones de pesos a Iván Name (expresidente del Senado) y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle (expresidente de la Cámara de Representantes).
La justicia colombiana ordenó la captura de González en 2023, y desde entonces permanece prófugo, con una circular roja de Interpol vigente. En octubre de 2025, intentó bloquear su captura mediante una acción de tutela, solicitando la anulación de la alerta internacional, pero el Tribunal Constitucional de Colombia, bajo la intervención del magistrado Gerardo Babosa, declaró la solicitud “improcedente”.