El acceso al empleo para personas con antecedentes judiciales en Colombia está regulado por una serie de disposiciones legales que buscan equilibrar el derecho al buen nombre y la reinserción social con la facultad de los empleadores para conocer el historial penal de los aspirantes.
La legislación colombiana establece que, tras cumplir una condena, multa o sanción, toda persona tiene derecho a solicitar la eliminación de sus antecedentes penales, siempre que no haya reincidido en conductas delictivas.
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Este proceso de eliminación varía según la gravedad del delito: seis meses para penas leves, dos años para condenas de hasta doce meses, tres años para penas inferiores a tres años, cinco años para delitos graves con penas de hasta tres años y diez años para condenas superiores a tres años.
En el contexto de una tasa de desempleo del 11,4%, la búsqueda de empleo en Colombia exige la presentación de documentos como la hoja de vida, la cédula de ciudadanía y, en muchos casos, el reporte de antecedentes penales.
No obstante, la ley protege el derecho de quienes han cumplido su condena a acceder a un trabajo digno. El Estado colombiano, a través de sus políticas de reinserción, obliga a los empleadores a respetar los derechos postpenitenciarios de estas personas.
Si una empresa decide rechazar a un candidato por sus antecedentes, debe demostrar que la condena está directamente relacionada con las funciones del cargo y considerar el tiempo transcurrido desde la finalización de la pena.
La Ley 19 Antitrámites de 2012 eliminó la obligación de presentar el certificado judicial para trámites laborales, pero no impide que los empleadores consulten en línea los antecedentes judiciales o penales de los aspirantes.
El Ministerio de Trabajo aclaró que los empleadores pueden acceder a esta información a través de un mecanismo en línea dispuesto por el Ministerio de Defensa Nacional, siempre respetando las normas de la Ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales.
De este modo, la consulta de antecedentes es legal, aunque su uso debe estar justificado y no puede convertirse en un obstáculo absoluto para la reinserción laboral.
Además de la eliminación formal de los antecedentes, existen otras vías para mejorar la reputación de una persona con pasado judicial. Entre ellas se encuentran la obtención de un certificado de buena conducta, la participación en actividades de voluntariado que demuestren compromiso con la legalidad y la presentación de referencias positivas de empleadores anteriores o personas que respalden el buen nombre del solicitante.
La transparencia y la integridad durante el proceso de selección son elementos valorados por los empleadores y pueden facilitar la reintegración laboral.
En cuanto a la protección frente a referencias laborales negativas, el Ministerio de Justicia y del Derecho establece que la ley laboral prohíbe a los empleadores entregar información que perjudique injustamente a un trabajador en su búsqueda de empleo.
Si un exempleador proporciona referencias negativas, la persona afectada puede presentar una querella por injuria ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de forma verbal o escrita, detallando los hechos, el momento, el responsable y el lugar de la supuesta injuria o calumnia.
La denuncia también puede realizarse por teléfono a través de la línea 122, tras lo cual la Fiscalía iniciará una investigación y, si encuentra pruebas suficientes, formulará la acusación correspondiente.
Para consultar los antecedentes judiciales, los ciudadanos pueden acceder al portal web de la Policía Nacional de Colombia, ingresar su número de identificación y seleccionar el tipo de documento correspondiente. El sistema permite guardar una copia del reporte en formato PDF para su uso personal o presentación ante terceros.
La administración de los registros delictivos y la consulta de antecedentes están sujetas a estrictas normas de protección de datos, garantizando el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la privacidad. La Policía Nacional de Colombia ofrece asesoría adicional a quienes requieran orientación sobre la certificación de antecedentes judiciales.