La representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza Sandoval solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación la apertura de un proceso de responsabilidad disciplinaria y fiscal por un nuevo escándalo que sacude a la Fundación Universitaria San José, de donde se graduó Juliana Guerrero sin haber presentado las pruebas Saber Por y TyT e incluso, sin haber asistido a clases. La joven sonaba para ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, aunque no contaba con los requisitos para ocupar el puesto.
En este caso, la congresista pidió que se indague sobre presuntas irregularidades en el contrato de reactivación económica en La Mojana, adjudicado por el Fondo de Adaptación a la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, integrada por la Fundación Colombia Vida (Fundacovi), Euonia S.A.S. y la Fundación de Educación Superior San José.
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El contrato, valorado en $36.211.733.463 y destinado a diseñar e implementar una estrategia de desarrollo socioeconómico adaptado al cambio climático para los municipios de la subregión, presenta anomalías relacionadas con posibles incumplimientos contractuales, irregularidades técnicas y vínculos políticos indebidos, según denunció El Espectador, citado por la representante.
Según advirtió, esto podría traducirse en un grave detrimento patrimonial de recursos públicos dirigidos a comunidades vulnerables afectadas por desastres naturales. En ese sentido, además de pedir una indagación preliminar y la apertura de un proceso de responsabilidad disciplinaria y fiscal, Pedraza Sandoval solicitó la vinculación al proceso de investigación de varios funcionarios:
- Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo de Adaptación.
- Carlos Carrillo, exgerente del Fondo de Adaptación.
- Johan Steven Londoño, exsubgerente de proyectos del Fondo de Adaptación.
- Katherine Rojas, exgerente del Fondo de Adaptación.
Pedraza aseguró que las personas enlistadas deben ser incluidas en las indagaciones para que rindan versión libre o declaración sobre su participación y conocimiento en la planeación, adjudicación, ejecución e interventoría del contrato, que es objeto de polémica. Además, la representante pidió que se incluya en la investigación a todas las personas que intervinieron en la Licitación Pública Nro. FA-LP-1-5003-2024, adjudicada mediante Resolución 542 del 13 de diciembre de 2024.
Según información publicada El Espectador, la ejecución del convenio presenta al menos cinco hallazgos relevantes. El primero es el presunto incumplimiento de al menos 13 compromisos en la etapa de alistamiento, lo que habría impedido iniciar la fase de estructuración e implementación de la iniciativa.
El segundo se centra en la entrega aparentemente deficiente del diagnóstico socioeconómico de La Mojana, ya que la Unión Temporal habría limitado su análisis a la cadena productiva del arroz, omitiendo otros sectores y necesidades incluidas en los términos de la licitación. El tercer hallazgo apunta a la falta de trazabilidad territorial en los encuentros comunitarios exigidos por el contrato. El medio indicó que no existirían soportes que acrediten su realización.
El cuarto punto se enfoca en una presunta interferencia de la gerencia del Fondo de Adaptación en la labor de la interventoría, aparentemente con el propósito de favorecer al contratista. Y el quinto hallazgo advierte posibles vínculos políticos entre los contratistas y dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, que habrían influido en la adjudicación del millonario contrato.
La representante Pedraza Sandoval recordó que la Fundación de Educación Superior San José ya había sido objeto de denuncias previas por la expedición de títulos académicos sin observar los requisitos legales –además de los que fueron otorgados a Juliana Guerrero– y por su presunta vinculación con actores políticos y contratistas del Estado.
En su cuenta de X, Pedraza aseguró que espera que las indagaciones que se lleven a cabo lleguen hasta las últimas instancias.