Durante las últimas décadas, diversos familiares del expresidente Álvaro Uribe Vélez han enfrentado procesos judiciales por investigaciones relacionadas con paramilitarismo, parapolítica y narcotráfico, de acuerdo con la información publicada por Caracol Radio.
El caso más reciente es el de Santiago Uribe Vélez, hermano menor del exmandatario, cuyo proceso penal tuvo decisiones relevantes en los últimos años por hechos ocurridos en los años noventa en Antioquia.
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Santiago Uribe Vélez fue condenado por el Tribunal Superior de Antioquia, en segunda instancia, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
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La decisión fue adoptada en mayo de 2024 y estableció inicialmente una pena de 103 meses y 16 días de prisión, aunque posteriormente se determinó una pena mayor al revocarse una absolución previa.
El proceso se centró en hechos atribuidos a un grupo armado ilegal que operó en el norte de Antioquia.
La sentencia concluyó que Santiago Uribe fue el creador y director de “Los 12 Apóstoles”, una estructura que actuó en Yarumal durante la década de 1990.
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En ese periodo, el grupo estuvo relacionado con homicidios selectivos que fueron catalogados por la investigación como acciones de “limpieza social”. Entre los casos mencionados se encuentra el asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán en 1994.
Según lo registrado por Caracol Radio, la justicia tomó en cuenta testimonios de exintegrantes de la fuerza pública, entre ellos el del entonces comandante de Policía de Yarumal, Juan Carlos Meneses.
También se consideraron declaraciones de otras personas vinculadas a procesos territoriales en esa época, como John Jairo Álvarez Accudelo, personero de Campamento, quienes aportaron información relevante para la investigación.
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La defensa de Santiago Uribe Vélez anunció la presentación de una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que el expediente sea revisado por la máxima autoridad penal del país. Este recurso hace parte de las herramientas jurídicas contempladas en el ordenamiento colombiano para revisar decisiones emitidas por tribunales superiores.
La decisión judicial generó amplio debate nacional debido a la relevancia política de la familia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia indicó en su sentencia que no encontró elementos que permitieran concluir que existiera una “conspiración política” en el caso.
También señaló que las declaraciones que hicieron parte del expediente se originaron en la década de 1990, antes de que Álvaro Uribe llegara a la Presidencia de la República.
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Otros familiares
Otros familiares del expresidente han sido mencionados en investigaciones o condenados en distintos procesos, de acuerdo con la información de Caracol Radio.
Uno de los casos más conocidos es el de Mario Uribe Escobar, primo del exmandatario. En 2011, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por concierto para delinquir agravado dentro del escándalo de la parapolítica.
El fallo se basó en acuerdos sostenidos con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia para obtener apoyo electoral. La condena impuso una pena de 90 meses de prisión.
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Otra figura mencionada es Dolly Cifuentes Villa, excuñada del expresidente. Fue capturada en 2011 y extraditada a Estados Unidos en 2012 por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.
La información señala que hizo parte de un grupo familiar vinculado a actividades ilícitas que mantenía relaciones con organizaciones criminales internacionales.
Además, se incluye el caso de Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente, quien fue incluida en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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Su aparición en esa relación se dio por presuntamente servir como fachada en operaciones de lavado de activos vinculadas al clan familiar mencionado en investigaciones de esa época.
También se ha reseñado la historia de Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, quien murió en 1983 durante un intento de secuestro. Caracol Radio recoge que investigaciones periodísticas y documentos desclasificados han mencionado presuntas relaciones con miembros del Cartel de Medellín y vínculos comerciales con la familia Ochoa, lo que ha mantenido vigente la discusión pública sobre su trayectoria empresarial. Aunque ninguna de las anteriores conexiones se ha comprobado judicialmente.