Con la exposición de resultados de operativos contra los grupos armados del país, autoridades han expuesto que en algunos casos las estructuras armadas utilizan empresas como fachada para lavar los activos que generan mediante narcotráfico.
Es por ello que diferentes gremios han pedido que aumenten los controles por parte de las autoridades y con ello identificar si hay presencia de grupos armados en sus colectivos.
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A estos llamados se le sumó el de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), que el 28 de noviembre rechazó todo lo relacionado con la exposición de un posible vínculo entre mandos militares y de inteligencia con las disidencias de “Calarcá”.
Al respecto, debido a que se involucra a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la organización pide que se esclarezca si hay empresas fachada al servicio de las disidencias y de esquemas irregulares de seguridad.
En el comunicado, voceros de Confevip piden que se investiguen todas las licencias de seguridad que han sido otorgadas en los últimos años para comprobar que en el gremio no hay presencia de las disidencias.
“El sector de la vigilancia privada en Colombia está compuesto por empresas legalmente constituidas, sometidas a estrictos controles de la Superintendencia de Vigilancia y con más de 50 años de historia, conformadas por empresas familiares y sociedades formales”.
Por su parte, el presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, alertó sobre posibles irregularidades por presencia de empresas fachada que han recibido licencias en menos del tiempo que regularmente se otorga.
“Necesitamos que la fiscalía investigue alrededor de 18 licencias express que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y sobre todo celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes la estamos cumpliendo”.
En sus declaraciones, Díaz indicó que es necesario que se aceleren los tiempos de la investigación y saber si las denuncias que han realizado son ciertas.
“La Confederación Nacional de Gremios de la Vigilancia Privada rechaza que se estén utilizando empresas fachadas para apoyar a la delincuencia, las disidencias y a los esquemas irregulares de seguridad. Necesitamos que la fiscalía obre con celeridad la investigación que comenzó hace unos meses”.
Por último, respaldó a los representantes del gremio que están vinculados con la organización, a los que describió como empresarios que cumplen con su deber.
“Esta industria se ha constituido hace más de cincuenta años por empresas familiares, por empresas y socios visibles. Por lo tanto, necesitamos marcar una diferencia entre aquellas que se están utilizando para la mafia y aquellas que estamos cumpliendo con el deber constitucional”.
En la parte final del comunicado, la empresa enfatiza que no se puede permitir que la reputación de la vigilancia privada sea afectada por estructuras criminales que intentan camuflarse bajo esta actividad.
Cabe recordar que para tramitar una licencia para una empresa de seguridad privada se necesita la autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; además, se debe registrar la empresa en la Cámara de Comercio, demostrar un capital mínimo de 500 salarios mínimos legales vigentes y contratar un seguro de responsabilidad civil extracontractual de al menos 400 salarios mínimos.
Es obligatorio presentar las hojas de vida del personal clave con sus certificaciones, así como un manual de operaciones y un plan de capacitación en derechos humanos. Además, hay que cumplir con los requisitos de seguridad social y gestionar un sistema de salud y seguridad en el trabajo, certificando su funcionamiento con la matriz de riesgos y un profesional con licencia SST.