José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, envió el jueves 27 de noviembre de 2025 una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para solicitar que se incluya al presidente Gustavo Petro en la investigación por presuntas filtraciones a las disidencias de las Farc: un escándalo que estalló el domingo 23 de noviembre, tras la investigación de Noticias Caracol que puso al descubierto los presuntos nexos con el grupo armado.
El congresista de oposición, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, pidió también información sobre la posible implicación del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wílmar Mejía, que fueron implicados en las informaciones que detallarían la manera en que hombres al mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, tendrían permeadas dependencias estatales con información de alto nivel.
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“Solicitamos a la Fiscalía que se informe si ha vinculado al proceso a Gustavo Petro, Francia Márquez, Gustavo Bolívar y/o María José Pizarro”, afirmó Uscátegui, que insistió en la necesidad de esclarecer la actuación de altos funcionarios en este caso, por el que ambos involucrados ya fueron suspendidos de manera provisional por parte del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades.
Uscátegui también interpuso denuncia penal contra el excomisionado para la Paz Danilo Rueda
En sus acciones frente a este caso, el congresista también radicó una denuncia penal contra Danilo Rueda, ex alto Comisionado para la Paz, bajo los delitos de omisión de medidas de protección y abuso de autoridad por omisión de denuncia. Y sostuvo que su despacho conocía los riesgos que enfrentaba David Estiven Fernández Soler, joven que desapareció y luego fue hallado muerto tras permanecer en un campamento del Estado Mayor Central de las Farc.
“La Oficina del Alto Comisionado para la Paz tenía información sobre el peligro que afrontaba el joven”, puntualizó Uscátegui, que detalló cómo recibió la alerta del posible fusilamiento el 29 de agosto de 2023 y ya contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde el 28 de julio de 2023; “pero no se actuó con diligencia ni se observó la posición de garante que tenía el entonces comisionado”.
En esa misma línea, el representante recordó que Fernández Soler fue ejecutado por alias Calarcá y señaló la falta de resultados por parte de las autoridades competentes frente a este y otros casos que se han registrado con menores que han sido reclutados a la fuerza por estas estructuras, que operan en el sur y occidente del país. “El país merece respuestas claras sobre por qué un crimen de esa gravedad sigue sin avances contundentes”, precisó Uscátegui.
Y afirmó que el caso pone en cuestión la responsabilidad del Estado por ausencia de acciones preventivas. “Pese a la gravedad de la situación, no se activaron las medidas de protección necesarias para preservar la vida de David Estiven”, lamentó el representante uribista, que no ocultó su indignación frente a este nuevo escándalo que salpica al Gobierno Petro, al que le restan 253 días en el poder.
Pidió respeto por el derecho de las víctimas y transparencia investigativa
Junto al también representante Jhon Jairo Berrio y la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, Uscátegui solicitó detalles sobre el estado actual del proceso, las diligencias efectuadas y el despacho responsable de la investigación. Además, el parlamentario preguntó si se han recolectado testimonios de los que habrían tenido contacto directo con la víctima, entre ellos Petro, Márquez, Bolívar y Pizarro, como lo evidencian las fotografías.
“La presente solicitud no implica afirmación ni presunción de responsabilidad penal alguna, sino que busca conocer si estas personas han sido citadas en calidad de declarantes, testigos o para cualquier diligencia que la Fiscalía considere pertinente dentro del marco investigativo”, precisó Uscátegui frente a esta solicitud, en la que enfatizó el papel de la justicia y la necesidad de esclarecer los hechos para las víctimas; en este caso, la del joven expuesto en la denuncia.
“La desaparición y asesinato de David Estiven Fernández Soler no puede quedar envuelta en el silencio ni en la opacidad. Es un caso doloroso que compromete directamente la responsabilidad del Estado. Había alertas, información y medidas de protección, pero no hubo acción. Por eso acudimos a la justicia: porque este país merece saber qué pasó, quién falló y por qué se le dio la espalda a un joven colombiano que pidió ayuda", remarcó Usátegui.
Finalmente, el representante pidió que la Fiscalía informe el Número Único de Noticia Criminal, el nombre y dependencia del fiscal responsable, las actuaciones recientes y respalde sus respuestas con los documentos correspondientes. “El proceso debe avanzar con transparencia. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a que la Fiscalía actúe con independencia. Nosotros no vamos a retroceder en ese propósito”, sentenció.