La seguridad en el Centro Penitenciario y Carcelario La Modelo de Barranquilla se vio comprometida por un ataque armado que puso en máxima alerta a los dragoneantes del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) responsables de la custodia y vigilancia del recinto.
El hecho ocurrió en la noche del lunes 24 de noviembre, cerca de las 9:30 p. m., cuando se escucharon alrededor de cuatro disparos en las inmediaciones del establecimiento, según el testimonio de los guardas.
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La reacción de los dragoneantes fue inmediata al detectar las detonaciones. El análisis del circuito cerrado de televisión permitió observar cómo el agresor desfundó su arma de fuego y disparó repetidas veces, aunque el sistema no logró registrar detalles que facilitaran la identificación ni del atacante ni del vehículo implicado.
Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó por la Vía 40 en sentido norte–sur. Paralelamente, versiones difundidas en redes sociales señalan que junto al tirador habría actuado un cómplice y que ambos escaparon aceleradamente hacia el centro de la ciudad.
Los investigadores de la Policía Metropolitana de Barranquilla asumieron la labor de esclarecer el incidente en el centro penitenciario, según informó el director de la Regional Norte del Inpec, Jim Nelson Muñoz, al medio regional El Heraldo.
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De acuerdo con el alto funcionario indicó que el caso ya fue reportado oficialmente y confirmó la presencia de personal especializado en el lugar.
Al referirse a posibles móviles, Muñoz sugirió que el hecho “podría estar asociado a un atentado vandálico”, relacionándolo con las acciones de control y vigilancia que la autoridad viene ejerciendo dentro del penal. En sus palabras, las represalias podrían obedecer a “controles, seguimientos y operativos que estamos adelantando en el penal con los internos”.
Sin embargo, Muñoz consideró improbable que la situación esté vinculada a un supuesto plan de sicariato dentro del centro de reclusión. El directivo fue categórico al señalar que podría descartarse la conexión con un “plan pistola”, idea que ha circulado en algunos sectores y que, en su criterio, no tiene sustento en este caso.
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El aumento de la seguridad en el entorno de la cárcel Modelo ha sido una de las primeras consecuencias tras el reciente atentado. Según informó La FM Barranquilla, después de los sucesos, las autoridades celebraron un consejo de seguridad en el que se decidió reforzar la autoprotección del personal penitenciario, incrementar la presencia de la Policía y de la Secretaría de Gobierno distrital, y fortalecer la vigilancia mediante el análisis de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.
Además, se dispuso la realización de operativos adicionales y se evalúa la posibilidad de cerrar el carril adyacente a la infraestructura del centro de reclusión.
Hacinamiento carcelario en el Atlántico
La cárcel El Buen Pastor, exclusiva para mujeres en Barranquilla, es la única que mantiene indicadores cercanos a su capacidad, con 120 internas en un espacio habilitado para 130 personas.
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Por el contrario, los centros penitenciarios principales de la ciudad registran una ocupación de aproximadamente 2.530 personas privadas de la libertad, pese a que solo existen 1.916 cupos disponibles, lo que refleja un hacinamiento que supera el 50%.
Este fenómeno, descrito por la Personería Distrital de Barranquilla como “hiperhacinamiento”, afecta tanto a las estaciones de Policía como a los centros de detención transitoria.
El personero Miguel Ángel Álzate ha urgido a las autoridades la puesta en marcha de brigadas jurídicas que permitan reducir la congestión en los lugares de reclusión y garanticen condiciones mínimas de dignidad.
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Estas brigadas, integradas por abogados y funcionarios del sector judicial, tienen como labor la revisión de expedientes, la agilización de trámites y la solución de procesos atascados que mantienen a las personas detenidas por períodos prolongados sin sentencia o con beneficios legales aún no aplicados.
La Personería de Barranquilla considera estas acciones indispensables ante la saturación y las condiciones que califican como inhumanas, resultado de la insuficiencia de infraestructura y los retrasos en los procesos judiciales.