El coronel (r) Juan Carlos Mazo Giraldo, presidente de la Industria Militar de Colombia (Indumil), ha sido mencionado en una investigación sobre la presunta infiltración de las disidencias de “Calarcá” en instituciones estatales, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia y la confianza en cargos estratégicos del sector defensa.
El oficial retirado del Ejército Nacional de Colombia figura entre los nombres señalados en registros que documentarían reuniones y comunicaciones entre miembros del Ejército y delegados de la disidencia, en las que se habría discutido la creación de una empresa de seguridad dedicada al transporte de armas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Tras su aparición en los archivos reservados de “Calarcá”, en la mañana del martes 25 de noviembre se conoció el listado completo de vienes el alto oficial que, ahora, son blanco de sospecha para las autoridades.
Según información verificada por El Tiempo, el oficial, nombrado en el cargo el 30 de enero de 2024 por el presidente Gustavo Petro, ha declarado una vivienda y un vehículo como únicos bienes a su nombre, mientras su evolución patrimonial ha mostrado variaciones en los últimos años.
De acuerdo con los registros oficiales consultados por el diario nacional, Mazo figura como propietario de una casa ubicada en la zona norte de Bogotá.
Este inmueble, según la declaración de conflicto de interés de 2022, estaba valorado en 850 millones de pesos, cifra que ascendió a 950 millones de pesos en la declaración correspondiente a 2023. Además, el único otro bien reportado es un automóvil con placa de Bogotá.
En cuanto a su patrimonio líquido, las declaraciones de renta de Mazo, disponibles en la plataforma de Función Pública para los años 2021, 2022 y 2023, reflejan una evolución marcada.
En 2021, el monto declarado fue de 351.984.000 pesos. Para 2022, el patrimonio aumentó a 606.506.000 pesos, lo que representa un incremento superior a 200 millones de pesos.
Sin embargo, en 2023, la cifra descendió a 439.972.000 pesos, lo que equivale a una reducción del 27,47% respecto al año anterior. En el mismo periodo, los ingresos, bienes y acreencias pasaron de 515 millones de pesos en 2022 a 435.366.618 pesos en 2023.
El documento de renta correspondiente a 2020 no se encuentra registrado, y la declaración de conflicto de interés de 2021 tampoco está publicada.
El escrutinio sobre el patrimonio de Mazo se produce en el contexto de una investigación que involucra a miembros del Ejército Nacional y la Fiscalía, señalados por presuntos contactos con delegados de la disidencia de “Calarcá”.
Según reveló Noticias Caracol, el nombre del presidente de Indumil aparece en la lista de oficiales mencionados en la indagación, la cual detalla reuniones, mensajes y comunicaciones con representantes de ese grupo armado.
En particular, se le atribuye la presunta asistencia a encuentros donde se habría discutido la creación de una empresa de seguridad encargada del transporte de armas. Indumil, a través de un comunicado oficial emitido el 24 de noviembre, rechazó categóricamente estas acusaciones.
La trayectoria profesional de Mazo abarca más de tres décadas en el sector defensa. Desde 1988, ha ocupado diversos cargos en el Ejército Nacional. Se graduó en 1990 de la Escuela Militar de Cadetes ‘General José María Córdova’ como Profesional en Ciencias Militares.
Entre 2013 y 2016, según la hoja de vida publicada por Indumil, fue director de Proyección de Inteligencia y Contrainteligencia, lideró la elaboración del primer Plan Nacional de Inteligencia y representó a las Fuerzas Militares de Colombia ante la ONU.
No obstante, estos cargos no figuran en la experiencia laboral registrada en Función Pública, donde solo se consignan posiciones desde 2022: jefe de departamento del Ejército Nacional, asesor del sector defensa para el Ministerio de Defensa Nacional y, desde septiembre de 2024, presidente de Indumil.
En lo que respecta a su relación con el Estado, El Tiempo confirmó que no existen contratos a su nombre ni antecedentes judiciales registrados, lo que reforzaría la transparencia formal de su historial patrimonial y profesional.