La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción disciplinaria contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, por participar de manera indebida en actividades políticas durante un periodo electoral.
La decisión, firmada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, mantiene la suspensión y la inhabilidad especial por seis meses que ya pesaba sobre Quintero.
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El proceso disciplinario se originó luego de que el exalcalde difundiera un video en el que mostraba la palanca de cambios de su camioneta acompañado de la frase “El cambio en primera”, alusiva a uno de los lemas de campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro en 2022.
La Procuraduría consideró que estas expresiones constituyeron un apoyo indirecto al Pacto Histórico, vulnerando la neutralidad exigida a los funcionarios de elección popular durante procesos electorales.
Según el fallo, Quintero actuó de manera dolosa, plenamente consciente de la interpretación de sus actos en el contexto electoral.
La Procuraduría concluyó que este comportamiento constituye una infracción a las normas que regulan la participación política de servidores públicos.
En reacción a la decisión, el exalcalde expresó su inconformidad a través de un mensaje en X. “Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era Alcalde por el ‘Cambio en Primera’ al considerar que fue participación en política”, afirmó.
Añadió que se cuestiona la equidad de la justicia en Colombia: “¿Fico, que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno, recibirá el mismo trato?”
El exalcalde declaró que no impugnará la sanción por la vía judicial si se pierde el recurso: “Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa”.
Sentenció, además, que su principal preocupación es la aplicación desigual de la justicia: “Mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia. Ojalá este mensaje llegue al señor Gregorio Eljach”.
Esta decisión del procurador general de la Nación se da durante el desarrollo de otros procesos judiciales en contra del exalcalde, incluyendo la investigación por el caso de Aguas Vivas.
El caso ahora será remitido al Consejo de Estado, que deberá decidir si mantiene o revoca la medida.
Además, Quintero Calle podrá presentar un recurso extraordinario de casación ante este alto tribunal, lo que podría modificar el desenlace del proceso.
Esta decisión de la Procuraduría se produce en medio de otros procesos judiciales que involucran al exalcalde, incluyendo la investigación por el caso de Aguas Vivas, un predio ubicado en el sector El Poblado, valorizado en más de 40.000 millones de pesos.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Quintero y varios exfuncionarios, incluyendo a Jasbleidy Pirazán García, exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, exsecretarios de desarrollo económico, educación, innovación digital y Secretaría General, así como nueve exfuncionarios y tres particulares.
La medida busca establecer responsabilidades disciplinarias por la posible gestión indebida de bienes públicos durante su mandato. Según la Procuraduría, la administración del predio pudo haber generado beneficios indebidos, lo que requiere establecer si existieron violaciones al régimen de control de bienes públicos y al manejo transparente de los recursos del municipio.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación iniciará este viernes 21 de noviembre la audiencia de acusación en contra de Quintero y otras doce personas, que marca el inicio de la fase preparatoria del juicio oral.
Según la Fiscalía, los acusados deberán responder por un presunto negocio irregular que habría permitido la venta del lote, originalmente cedido al Distrito de manera gratuita como parte de una obligación urbanística. Entre los cargos imputados se incluyen interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la importancia de que los responsables respondan ante la justicia y recordó que el municipio fue víctima de las posibles irregularidades.