El presidente Gustavo Petro tuvo que rectificar afirmaciones que hizo en contra de la senadora y precandidata Presidencial Paloma Valencia, relacionadas con la comisión de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’. Su rectificación obedece a lo ordenado en la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.
“Rectifico y, por tanto, aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que “fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales””, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.
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Petro publicó esa acusación en la red social en respuesta a una crítica que hizo la congresista del Centro Democrático, en relación con la petición que hizo Petro desde Nueva York al Ejército de Estados Unidos de no obedecer al mandatario Donald Trump. Valencia calificó la conducta del jefe de Estado como “bochornosa”.
Petro respondió responsabilizándola de haber sido cómplice de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, escribió Petro.
Luego de que el juzgado ordenara su rectificación, el presidente aclaró qué quiso decir con el señalamiento que hizo en contra de la congresista. Aseguró que en este caso no quiso vincularla penalmente con un delito, pero indicó que sí cree que Valencia tiene una responsabilidad política en los hechos.
“La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias (…). Mi crítica es a su responsabilidad política y no a su responsabilidad penal”, precisó.
De acuerdo con el primer mandatario, es necesario diferenciar entre la complicidad directa con un delito, de la responsabilidad política con ese crimen que, en este caso, fue perpetrado por agentes del Estado. Aseguró que se trata de un delito de lesa humanidad, que derivó en la muerte de miles de jóvenes en el país, a manos de uniformados de la fuerza pública.
En ese sentido, según aclaró, su desacuerdo con Valencia se centra en las narrativas que se han difundido, en las que se minimizan, se niegan o se relativizan las ejecuciones extrajudiciales. Esto, teniendo en cuenta que varios congresistas del Centro Democrático y de otras colectividades han puesto en duda las cifras presentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la cantidad de víctimas que dejaron los falsos positivos en Colombia.
“Esa es mi crítica que no conlleva el que la accionante haya estado comprometida en los hechos directamente”, insistió.
Además, aseguró que su comentario también estaba orientado a cuestionar y rechazar los modelos de “seguridad democrática”, una política que se implementó durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que se reportaron miles de falsos positivos. Según indicó, el modelo se basó en el conteo de muertos, algo que ratificó la JEP, que investiga estos casos, advirtiendo que el éxito de los militares se medía con el número de bajas de guerrilleros que alcanzaban. “Esa postura crítica, en memoria de la sangre derramada de los inocentes, permanece intacta”, explicó.
Añadió: “Mi deber como hombre de la República es que nunca se repita una tragedia así. Por eso, la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico debe adelantarse siempre dentro del respeto a las reglas del “ius ad bellum” y del “ius in bello”, y con plena observancia de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas”.