El panorama de seguridad en múltiples regiones del territorio nacional parece ser cada día más complejo. Por ejemplo, en Arauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado desde hace varios años, se habría registrado el secuestro de, al menos, cinco uniformados del Ejército Nacional.
Según confirmaron fuentes del Ejército nacional a Infobae Colombia, los miembros de la fuerza pública estaban en la vereda Santo Domingo, zona rural de Tame, uno de los municipios más importante en esa zona del país, cuando fueron interceptados por integrantes de grupos armados que operan allí.
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El incidente se habría registrado en el momento en el que los uniformados viajaban en un bus interdepartamental. Al parecer, los soldados regresaban de su permiso y se disponían a reintegrarse al batallón.
La retención habría ocurrido en un retén, aunque no se ha establecido aún si correspondió a algún grupo armado organizado o a delincuencia común.
Las autoridades han articulado con distintos organismos de seguridad esfuerzos para ubicar a los uniformados y facilitar su libertad.
Paralelamente, en los alrededores de Tame y sus corredores estratégicos, la presencia institucional y los controles han sido reforzados, dada la actividad de estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias que siguen las órdenes de alias Iván Mordisco.
La noticia fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, que publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “El día de hoy, cinco militares fueron privados de la libertad en Santo Domingo, Tame (Arauca), después de haber sido obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado ilegal. Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas. De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes”.
Desde el organismo añadieron: “Reiteramos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas”.
Y es que el secuestro de los soldados no es un caso aislado en la región.
Por ejemplo, en esta misma zona permanece privados de su libertad Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, de la Fiscalía, así como los integrantes de la Dijín Yordyn Pérez Mendoza y Franque Hoyos Murcia, todos aún en poder del ELN.
El fenómeno del secuestro, persistente en el departamento y en otros puntos de Colombia, se refleja en los datos más recientes: entre enero y noviembre de 2025, 437 personas han sido víctimas de secuestro, de las cuales 304 corresponden a civiles.
Quince de estos ciudadanos —incluidos funcionarios judiciales— siguen bajo retención ilegal. El resto de los casos afecta de modo directo a las fuerzas de seguridad.
Las cifras oficiales describen la magnitud del problema en el sector uniformado. En lo transcurrido del año, 133 militares y policías han sufrido secuestros; en siete eventos actuales, las víctimas continúan en cautiverio, divididas entre cuatro militares y tres policías.
Todas estas privaciones ilegales de la libertad se concentran en áreas con presencia activa de grupos armados ilegales.
Esta dinámica genera un clima de temor generalizado, dificulta la denuncia y multiplica los efectos del control territorial que ejercen esos grupos en zonas rurales y fronterizas.
Además, existe un conjunto de acciones que muestran el control social y militar que ejercen esas organizaciones ilegales sobre la población civil: amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones y presencia persistente de minas antipersonal, lo cual agrava la situación humanitaria local.
En la zona también se advierte la posibilidad de enfrentamientos directos entre los grupos (por ejemplo entre ELN y facciones disidentes de las Farc) lo que podría elevar aún más los riesgos para comunidades rurales.