El 30 de octubre de 2025, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó el primer boletín “Garantía de los derechos de la niñez migrante”, una publicación del Observatorio del Bienestar de la Niñez (OBN) en articulación con el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3), que ofrece una radiografía sobre la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados y retornados en el país.
Migración Colombia, a través de su Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3), reveló que de los casi 2.8 millones de población migrante venezolana en Colombia (a corte mayo) el 28,41% son niños, niñas y adolescentes.
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A mayo de 2025, se estima que en Colombia hay cerca de 800.000 niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos, de los cuales casi el 90% ya se encuentran regularizados por Migración Colombia en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV).
El boletín advierte un incremento en los casos de violencias reportadas contra la niñez migrante, que aumentaron en más de un 58,78% entre 2019 y 2024, según datos oficiales del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Esta situación se relaciona con los riesgos de movilidad irregular, las rutas no seguras y la falta de acompañamiento familiar durante los desplazamientos. Las autoridades insisten en que estas cifras deben verse como un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de protección y prevención en las zonas de frontera.
Por otra parte, el apartado de Protección integral a la niñez migrante muestra que, solo en 2024, el ICBF atendió a más de 61.000 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) migrantes en servicios de prevención y protección, la mayoría en programas de primera infancia.
Para contrarrestar la situación, la entidad migratoria puso en marcha el PEP-Tutor, un nuevo mecanismo que permite a los representantes o custodios de niñas, niños y adolescentes venezolanos regularizar su permanencia en el país.
Esta iniciativa, amparada en el Decreto 1209 de 2024, busca garantizar que los adultos responsables puedan acceder a servicios, empleo y educación formal, fortaleciendo así la protección integral de los menores a su cargo. Según el Observatorio de Migraciones de Migración Colombia, el programa tiene un potencial de cobertura de más de 270.000 niñas, niños y adolescentes venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT), cuyos cuidadores ahora pueden tramitar su regularización ante el Estado colombiano.
Por su parte, Migración Colombia en el marco de la protección y garantía de los Derechos Humanos en contextos de movilidad humana, implementó la Política Institucional de Derechos Humanos – Red Migrante, orientada a atender a personas migrantes en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas, niños y adolescentes (NNA), sin ningún tipo de discriminación. A través de esta política se trabaja en coordinación con entidades gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para facilitar el acceso de la población migrante a la oferta institucional disponible.
En los casos en que se identifiquen NNA no acompañados, separados o en situación de riesgo, el personal debe ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) o de la Policía de Infancia y Adolescencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Formato de Entrega de Niñas, Niños y Adolescentes a otras Autoridades del Manual de Control Migratorio.
Ante las situaciones de vulnerabilidad que enfrenta la niñez migrante, la entidad, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Icbf, implementó la Hoja de Ruta Interinstitucional para la Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes afectados por el Tráfico de Migrantes.
Este instrumento, desarrollado en el marco de la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, establece lineamientos y procedimientos para la detección, atención en salud, restablecimiento de derechos y judicialización de responsables, orientando la actuación de las autoridades nacionales y territoriales, así como de organizaciones de cooperación y de la sociedad civil, en la atención integral de NNA afectados durante su tránsito por Colombia.