El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, solicitó la nulidad de las resoluciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que permitieron el traslado de varios cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí hasta el evento Paz Urbana, propiciado por Gustavo Petro.
Este evento también es conocido como el “tarimazo”, y se celebró el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra en Medellín.
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El congresista aseguró que la senadora Isabel Cristina Zuleta, que habría actuado como coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana, habría sido la responsable de gestionar la salida de los capos presos para el evento, y según Espinal, la funcionaria no tiene facultades legales para solicitar traslados de personas privadas de la libertad.
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De acuerdo con la información que el mismo Espinal publicó en sus redes sociales, “ese traslado se realizó a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien supuestamente actuó como ’Coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana’, figura que no está contemplada en el ordenamiento jurídico ni entre los sujetos legalmente facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad”.
Espinal también se apoyó en el argumento de que las resoluciones con las que el Inpec autorizó estos traslados carecen de fundamento jurídico y vulneran la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario).
“Estás resoluciones carecen de fundamento jurídico válido y contravienen también lo dispuesto en la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al permitir traslados con fines ajenos a los previstos por la ley”, dijo específicamente.
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Según su posición, la norma solo prevé este tipo de traslados bajo circunstancias específicas, lo que no se cumpliría en el caso del “tarimazo”.
Espinal concluyó: “El Inpec debe mantener su naturaleza técnica y jurídica, alejada de cualquier interferencia externa. La acción judicial busca restablecer el orden jurídico, reafirmar la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas y evitar que se repitan actuaciones que comprometan la institucionalidad penitenciaria del país.
Justicia rechaza tutela de Isabel Zuleta contra Federico Gutiérrez por acusaciones tras el “tarimazo”
Un nuevo fallo judicial representa otro revés para la senadora Isabel Cristina Zuleta en su intento de lograr que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se retracte de acusaciones públicas en su contra tras los sucesos del “tarimazo”, evento de alto perfil celebrado en Medellín en junio de 2025.
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El Juzgado 62 del Circuito con función de conocimiento de Bogotá ratificó el carácter improcedente de la acción de tutela interpuesta por la congresista, decisión que confirma lo decidido anteriormente por el Juzgado Treinta Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.
Según informó El Colombiano, la senadora Isabel Cristina Zuleta había solicitado protección constitucional de sus derechos a la honra, buen nombre, dignidad y vida, exigiendo la retractación del alcalde Gutiérrez luego de que este la calificara de “más peligrosa” y la vinculara públicamente con “aliados criminales de Petro”.
Además, el mandatario local la señaló de intervenir en operativos contra el crimen organizado tras la realización del “tarimazo”. Los pronunciamientos en cuestión ocurrieron en medios y redes sociales entre junio y julio de 2025, e incluyeron entrevistas en las que Gutiérrez relacionó a Zuleta con la supuesta interferencia en la captura de Juan Pablo Taborda, alias Yordi, cabecilla de la banda La Terraza.
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La nueva decisión judicial indica que la tutela no es el mecanismo adecuado para dirimir la controversia surgida por las declaraciones del alcalde. El fallo argumenta que la disputa involucra un “debate político” que corresponde a la justicia ordinaria, bien sea por la vía penal a través de acciones por injuria y calumnia, por la vía civil mediante demandas de responsabilidad por perjuicios morales, o mediante procesos disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.
El juzgado precisó que no se presentó evidencia de un “perjuicio irremediable” ni pruebas de amenazas concretas contra Zuleta que sustentaran una afectación directa y actual a su vida o integridad, condiciones necesarias para que proceda la tutela.
El Colombiano econoció que la única vía adicional para la senadora Isabel Cristina Zuleta sería solicitar la revisión del caso ante la Corte Constitucional, una posibilidad que, según fuentes jurídicas, tiene pocas probabilidades de prosperar.
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