Como lo adelantó Infobae Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron un operativo en siete zonas del país para afectar las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Al respecto, las autoridades emitieron un comunicado en la tarde del 24 de octubre en el que expusieron un balance general de la misión, que incluyó capturas e intervenciones en propiedades y empresas que eran utilizadas como fachada.
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En primer lugar, se indica que la operación fue coordinada entre las entidades mencionadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial, el CTI, la Dijín y la DEA, con el objetivo de desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos y el financiamiento del grupo armado.
Las autoridades expusieron que el operativo se ejecutó al unísono el 22 de octubre en Bogotá, Arauca, Arauquita y Villa del Rosario, para evitar que la intervención en una zona específica alertara a los demás delincuentes.
La estructura criminal, que operaba desde 2005, utilizó sectores como las telecomunicaciones, la construcción, el agropecuario, los servicios aéreos y el sector financiero para mover y blanquear capitales del ELN provenientes del narcotráfico y la extorsión.
De acuerdo con la delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, la red habría lavado más de 885.000 millones de pesos, empleando facturación ficticia y contratos simulados como mecanismos principales para ocultar el origen de los fondos y canalizarlos hacia actividades terroristas.
El esquema de lavado incluía la movilización de recursos a través del sistema financiero formal y de corresponsales no bancarios, lo que permitió a la organización infiltrar grandes sumas en la economía legal.
Por ejemplo, en Arauquita y Bogotá se detectó el ocultamiento del origen ilícito de 685.000 millones de pesos; además, la investigación identificó cinco empresas fachada y cuatro compañías de papel utilizadas para dar apariencia de legalidad a las transacciones.
Durante los operativos las autoridades capturaron a Ana Yamileth Cuadros Pérez, Anderson Ferneliz Florez Zocadagui, José Manuel Farfán, Yasser Hussair Ardila Urbina y José Fernando Arias Marulanda, que enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y financiación del terrorismo.
“La afectación directa a las finanzas ilícitas del grupo armado representa un avance significativo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo”, declaró la delegada para las Finanzas Criminales al respecto.
La fiscalía informó que el impacto económico de la operación se refleja en las incautaciones realizadas, que incluye el decomiso de 299 celulares de alta gama valorados en 900 millones de pesos, 59 lingotes de oro con un peso total de 62.000 gramos y un valor estimado de 32.000 millones de pesos, así como 563 millones de pesos (suma total entre billetes colombianos y dólares) en efectivo y libros contables de las empresas fachada.
En cuanto a propiedades, se confirmó la medida de extinción de dominio sobre 10 bienes rurales, 2.223 vehículos, 334 establecimientos de comercio y sociedades ubicadas en Cundinamarca, Nariño, Arauca, Amazonas, Casanare y Norte de Santander.
El valor total estimado de los bienes afectados asciende a 37.000 millones de pesos. Un funcionario del operativo destacó: “La magnitud del lavado y la cantidad de bienes incautados demuestran la capacidad de infiltración de estas redes en la economía legal”.
De la misma forma, las autoridades indicaron que este accionar delictivo, que se mantuvo durante más de una década, demuestra la sofisticación de los mecanismos empleados por el ELN para financiar sus actividades.
Por último, se adelantó que todo lo mencionado, incluyendo los bienes, serán administrados por el Fondo Especial de Bienes y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).