Durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos ‘Integrantes de CAJAR vs. Colombia’ y ‘Pedro Julio Mahecha Ávila vs. Colombia’; el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió perdón por los actos del Estado contra las comunidades afectadas.
En el reconocimiento, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el 17 de octubre de 2025, el mandatario enfatizó la urgencia de mayor presencia del Gobierno nacional en el territorio, con el fin de qué eventos que atenten contra la vida de los colombianos no se vuelvan a repetir.
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A la par, Petro enseñó a los asistentes el decreto que tenía en sus manos, por el cual se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
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El gobernante de los colombianos explicó que, aunque la desclasificación será inmediata, el procedimiento requerirá tiempo debido a la necesidad de anonimizar los datos de posibles víctimas. No obstante, fue enfático al afirmar que “no se deben borrar los nombres de los culpables”, una declaración que reiteró en varias ocasiones para dejar claro que la protección de la identidad de los victimarios no será contemplada.
“Aquí está un decreto, no es hasta junio, la desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora, no es en junio”, manifestó Petro en el acto de reconocimiento.
El contexto de este anuncio se remonta a la sentencia emitida el 18 de marzo de 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado colombiano por el perfilamiento y la persecución sistemática contra los integrantes del Cajar, organización dedicada a la defensa jurídica de víctimas de crímenes de Estado.
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El tribunal internacional determinó que el país violó derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la vida privada, la libertad de pensamiento y de expresión, la autodeterminación informativa, la honra, las garantías judiciales, la libertad de asociación, de circulación y de residencia.
Este fallo, el primero en su tipo contra Colombia por seguimientos ilegales a una organización de derechos humanos, impuso al Estado la obligación de cumplir 16 medidas de reparación integral, incluyendo la depuración de los archivos de inteligencia para garantizar el acceso efectivo de las víctimas a la información que las involucra.
En el acto público, Rafael Barrios Mendivil, defensor de derechos humanos y cofundador del Cajar, advirtió que “la mayoría de las 16 órdenes de la Corte IDH en la sentencia Colombia vs. Cajar están incumplidas”.
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Barrios Mendivil subrayó la trascendencia de la sentencia, al señalar que “la importancia de esta sentencia radica, entre otras cosas, en la subordinación del poder militar al poder civil en un Estado social de derecho. La ley de inteligencia y contrainteligencia debe adecuarse a los estándares internacionales, de manera que el control judicial se ejerza sobre las técnicas o acciones de vigilancia de personas y el almacenamiento de datos”.
El caso del Cajar llegó al Sistema Interamericano tras décadas de hostigamiento y vigilancia sistemática por parte de agencias de inteligencia colombianas, incluido el DAS, desde los años 90. Eduardo Carreño Wilches, cofundador de la organización, recordó durante el evento que “decían que nosotros pertenecíamos al comunismo internacional y que éramos sus agentes”, una acusación que acompañó la persecución sufrida por los defensores de derechos humanos y sus familias.
El DAS fue desmantelado en 2011, tras el escándalo de las “chuzadas” que estalló durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, y que incluyó seguimientos ilegales a magistrados de las altas cortes y miembros de la oposición. A pesar de la desaparición de la entidad, el debate sobre la apertura de sus archivos persiste, ya que los expedientes permanecen clasificados bajo reserva.
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