Esto dice la Corte Constitucional sobre la edad y el derecho a pensión de las mujeres trans en Colombia

En Colombia, la Corte Constitucional dejó una huella profunda en la lucha por los derechos de las personas transgénero al definir con claridad la edad de jubilación que aplica a las mujeres trans. Con la sentencia SU-440 de 2021, el alto tribunal fijó un precedente que no solo toca el sistema pensional, también reafirma el reconocimiento pleno de la identidad de género dentro del marco jurídico del país.

El fallo, emitido en diciembre de ese año, estableció que las mujeres trans tienen derecho a pensionarse a los 57 años, la misma edad que se aplica a las mujeres cisgénero. Con ello, la Corte reafirmó que el principio de igualdad no puede quedar en el papel, debe traducirse en decisiones concretas que eliminen las barreras estructurales que históricamente han afectado el acceso de la población trans a sus derechos sociales y económicos.

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La decisión partió de una premisa clara, las normas que otorgan beneficios o imponen obligaciones por razón de género deben incluir a las mujeres trans cuando se construyen sobre categorías binarias. Es decir, siempre que una ley o reglamento hable de “mujeres” como grupo beneficiario, este concepto también debe comprender a quienes, siendo trans, se identifican y son reconocidas legalmente como tal.

Sin embargo, la Corte fue cuidadosa en aclarar que esta igualdad no puede entenderse como una homogeneización absoluta. En su argumentación, el tribunal explicó que existen tres razones fundamentales por las cuales ciertas diferencias pueden mantenerse legítimamente en contextos específicos. Primero, reconoció que hay distinciones biológicas entre personas cisgénero y transgénero que pueden tener incidencia práctica en determinadas normas o beneficios.

Segundo, advirtió que pretender uniformar las experiencias de género podría borrar la diversidad que caracteriza a las identidades trans. Y tercero, recordó que ignorar la historia de discriminación contra estas poblaciones impediría diseñar políticas diferenciales que ayuden a cerrar brechas históricas.

El alcance de esta sentencia va más allá de los despachos judiciales. Representa un paso decisivo en la comprensión del género como una realidad social y jurídica, no meramente biológica. La Corte reiteró que el Estado colombiano tiene la obligación de reconocer plenamente las identidades diversas, garantizar un trato igualitario y eliminar toda forma de discriminación en la aplicación de la ley.

No obstante, el fallo también abrió un debate espinoso: ¿qué pasa si alguien decide cambiar su género en el registro civil poco antes de cumplir la edad de pensión para acceder a ese derecho de manera anticipada? La Corte abordó este escenario de forma directa y advirtió que los fondos de pensiones y Colpensiones deben contar con mecanismos de verificación y control que eviten fraudes o manipulaciones. La intención, subrayó, no es desconfiar de las personas trans, sino garantizar que la transición de género no se use como instrumento para burlar el sistema pensional.

En ese mismo sentido, el tribunal exhortó al Congreso de la República a legislar con mayor precisión sobre los procedimientos y requisitos que deben cumplir las personas transgénero al solicitar el reconocimiento de su pensión. Esta recomendación busca armonizar dos objetivos: por un lado, proteger los derechos fundamentales de una población históricamente marginada; y por el otro, establecer salvaguardas administrativas que eviten posibles abusos o irregularidades.

Con esta decisión, la Corte Constitucional no solo resolvió una duda jurídica, sino que trazó una ruta ética y política, el acceso a la pensión no puede depender de prejuicios ni de interpretaciones restrictivas de la identidad. En el fondo, lo que el tribunal hizo fue reafirmar que la igualdad, para ser real, requiere comprensión, empatía y una aplicación flexible de la ley frente a las múltiples formas en que las personas viven su género.