Gustavo Petro usó sus redes sociales para enviar un mensaje a los barranquilleros con respecto a la “tregua” entre los cabecillas de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes, tras una serie de diálogos, que irá hasta el 20 de enero de 2026.
Dijo el presidente sobre el anuncio que “la paz no es entre dos bandas en Barranquilla. La paz debe ser entre las bandas que se deben desmantelar y la ciudadanía Barranquillera”.
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Sin embargo, agregó una crítica a la administración distrital de la capital del departamento del Atlántico, que gestiona un proyecto que no sería incluyente, a juzgar por sus palabras.
“La pobreza extrema ha aumentado en Barranquilla por un proyecto de ciudad que excluye. Una ciudad más equitativa será una ciudad pacífica”, dijo.
De qué trata el cese de hostilidades entre los grupos criminales
En la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, se gestó un acuerdo inédito entre los máximos líderes de las temidas bandas, organizaciones criminales con fuerte presencia en Barranquilla y zonas del Atlántico.
El pacto fue logrado tras meses de negociaciones y acercamientos. En conversación con Caracol Radio, Camilo Pineda, delegado de la oficina del Consejero Comisionado de Paz, detalló los compromisos asumidos por ambas estructuras como antesala de un proceso de desarme.
De acuerdo con Pineda, el primer punto del acuerdo establece un cese de actividades ilícitas hasta enero de 2026, iniciativa en la que participaron directamente Digno Palomino Rodríguez (alias Digno), cabecilla de “Los Pepes”, y Jorge Eliécer Díaz Collazos (alias Castor), líder de “Los Costeños”, junto a funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, representantes de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y abogados.
“Eso nos va a dar un tiempo de maniobra para hacer cosas y para construir importante”, explicó Camilo Pineda.
Incluso, se comprometen a que “en estas épocas festivas, coger las fiestas populares de pick-ups y fiestas de barrio, ya no como espacios donde se puedan vender, consumir, si se quiere vincular a jóvenes en actividades delictivas, sino que por el contrario usemos la contracultura y aprovechemos esos espacios para generar cultura de paz. Otros compromisos están ligados también al desmonte paulatino de las estructura”, dijo.
La magnitud de las agrupaciones involucradas es considerable. Según la información confirmada por Pineda, “Los Costeños” disponen de entre 1.000 y 2.500 miembros, mientras que “Los Pepes” suman unos 600 integrantes, la mayoría menores de 40 años.
Ambos grupos propusieron iniciar un proceso de reintegración para jóvenes privados de la libertad, basado en proyectos productivos que puedan ser punto de partida para construir alternativas económicas legales.
Pineda dijo que “se han presentado unos planes de paz en los cuales describen algunas iniciativas que a su entender consideran que pueden ser un punto de partida para cambiar la actividad económica criminal e ilegal a una actividad económica legal que le permita también la reinserción a la vida civil de los jóvenes que componen su estructura”.
El delegado gubernamental subrayó la intención manifiesta de los líderes de pasar a la vida civil: “Yo creo que ellos tienen la suficiente capacidad para realizar entregas de armamentos, para ayudar a la desarticulación de estas estructuras, desde las bases. Entonces yo los veo cansados los veo realmente queriendo estar más cerca de sus familias. Yo creo que hay una real intención del desmantelamiento de estas estructuras con la entrega de armas, de bienes y de otras cosas que les permitan a ellos solucionar rápidamente sus problemas con la justicia y reintegrarse a la vida civil”, afirmó.
La tregua también se debe al director del DNI
A su vez, el Monseñor César Narváez, sacerdote anglicano que ha sido mediado en el proceso, instó al presidente Petro a respaldar de forma decidida la gestión de Jorge Lemus, director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), figura clave en la consecución del acuerdo.
“Necesitamos aunar esfuerzos para que esto no solo sea un gesto de paz. Que el presidente Gustavo Petro respalde al doctor Lemus y le de los respaldos jurídicos que él necesita. Por otras instituciones fue muy complejo”, solicitó monseñor Narváez.
Durante su intervención, monseñor Narváez describió el proceso como el resultado de una tarea coordinada y prolongada, que supondrá un respiro para la región.
“Lo que se logró fue un trabajo que viene orquestándose desde hace un buen tiempo. Las condiciones en que se da el acuerdo están en el marco de la favorabilidad, en el entendimiento del Gobierno Nacional y la voluntad de estos muchachos para darle un respiro al departamento”, comentó.