A las puertas de las elecciones de 2026, se intensifican las denuncias sobre la presunta presión ejercida sobre contratistas estatales para garantizar su presencia en la movilización que se realizará el viernes 3 de octubre en la Plaza Murillo Toro de Ibagué.
Diversos testimonios coinciden en señalar que el evento, convocado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, serviría para exhibir un respaldo masivo a la reforma a la salud y a la gestión del Gobierno nacional.
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De hecho, el exsenador y precandidato presidencial David Luna denunció a través de sus redes sociales lo que calificó como “coacción política y abuso contra trabajadores vulnerables”.
Al respecto, Luna detalló que los afectados han reportado que, además de carecer de respaldo en viáticos y alimentación, “madres cabeza de familia tendrán que dejar solos a sus hijos o viajar de madrugada para cumplir con esta orden arbitraria”.
“Denuncia grave: contratistas de entidades públicas están siendo obligados a viajar hasta Ibagué este viernes, 3 de octubre, para asistir a un evento del presidente Petro y su ministro de Salud, bajo amenaza de no renovarles el contrato”, según su mensaje en X.
Incluso, el precandidato presidencial aseguró que desde el Ejecutivo se estaría obligando a los contratistas a desplazarse con recursos propios, sin contar con los costos que acarrea el traslado desde Bogotá.
“No les dan viáticos, transporte ni alimentación. Muchos deben trasladarse desde Bogotá y otras ciudades, con gastos que no pueden cubrir”, comentó Luna.
Entretanto, contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social relataron a El Colombiano que el pasado 26 de septiembre, durante una reunión convocada sin permitir el ingreso de celulares, se impartió una directriz explícita: “Que tenemos que ir al evento del presidente Petro en Ibagué, para posar en la foto, prácticamente, pero sin viáticos”, explicó un contratista que solicitó reserva de identidad por temor a represalias.
A esta orden, añaden que el secretario de la cartera, Rodolfo Enrique Salas, advirtió que supervisará la asistencia y evaluará la renovación de los contratos según el cumplimiento.
“No nos dejaron entrar celulares, nos sentaron y dijeron que quienes no asistieran los tendrían en cuenta para la renovación del contrato y lo peor es que nos toca sacar de nuestro bolsillo”, continuó el funcionario.
De acuerdo con estos relatos, los gastos de transporte y alimentación deben ser asumidos por los propios contratistas, muchos de los cuales tienen su base en Bogotá u otras ciudades fuera de Tolima.
En paralelo, existen mensajes y capturas de chats en los que se instruiría de manera directa la asistencia obligatoria de todo el personal contratado, sin limitarse a trabajadores del Tolima o Ibagué, sino extendiendo la convocatoria a funcionarios radicados en Bogotá y otras regiones.
Las denuncias incluyen el temor generalizado de perder el empleo si deciden no asistir al evento gubernamental, y se indica que los jefes utilizan la posible no renovación de contratos como mecanismo de presión.
En particular, medio local Cambio In, contratistas de estos entes “deben llevar mínimo cinco personas cada uno para llenar la plaza”, situación que aumentó la preocupación por “las presiones muy fuertes” orientadas a lograr una masiva afluencia que respalde la imagen del Gobierno y, en particular, al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Interrogado sobre las denuncias, el Ministerio de Salud rechazó que existan presiones indebidas y declaró a El Colombiano que su grupo de comunicaciones tiene entre sus funciones la cobertura de eventos institucionales, “y siempre se cubre con los viáticos”.
Una fuente de la cartera sostuvo: “No es cierto. Dentro de las funciones del grupo de comunicaciones está claramente cubrir los eventos institucionales y siempre se cubre con los viáticos”.
Añadió que la continuidad laboral de los contratistas se define en función del rendimiento profesional, y que esta práctica no resulta ajena a otros entornos laborales.