La reciente operación de la Policía Nacional en Soledad, Atlántico, representó un golpe relevante contra la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas, del Clan del Golfo, con la captura de sus principales cabecillas y de un agente activo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien integraba el esquema de seguridad de la fiscal encargada del caso Nicolás Petro.
Según información de los detenidos enfrentan cargos por extorsión, homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir, en una acción que evidencia tanto la capacidad operativa de las autoridades como la profundidad de la infiltración criminal en instituciones estatales.
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El operativo, realizado el viernes 26 de septiembre tras más de seis meses de investigación, permitió la captura de once personas, aunque medios como Semana reporta seis detenidos.
La acción policial se concentró en Soledad, pero incluyó allanamientos en municipios como Sabanagrande y Galapa, donde la subestructura mantenía influencia, según detalló el medio mencionado.
Entre los capturados figuran los tres principales líderes de la organización: alias Corioto, alias César o Cartagena y alias Chiquito Cuello, además de otros integrantes señalados de participar en actividades delictivas en la región Caribe.
Alias Corioto, identificado como Jonatan Joel Mercado Merlano, era el máximo cabecilla de la subestructura y contaba con más de 15 años de trayectoria en el Clan del Golfo, de acuerdo con El Heraldo y El Tiempo.
Bajo su mando operaban más de 270 hombres dedicados al control de rentas criminales y a la confrontación armada en el Atlántico.
La Policía lo señala como el principal determinador del “plan pistola” que resultó en el asesinato del subintendente Ronald Montañez el 28 de abril en Palermo, Magdalena.
Además, era considerado hombre de confianza de alias Jefersson, sucesor de alias Chirimoya, encargado de las rutas de narcotráfico en el puerto de Barranquilla, según El Tiempo.
El segundo cabecilla capturado, alias César o Cartagena, responde al nombre de Jorge Isaac Montes Naar.
Montes Naar acumula más de 26 años en actividades delictivas y se desmovilizó en 2005 del Bloque Central Bolívar, aunque reincidió posteriormente en el crimen organizado.
Registra antecedentes por porte ilegal de armas de uso privativo y concierto para delinquir agravado, y fue condenado en Antioquia a 84 meses de prisión entre 2020 y 2024, recobrando la libertad condicional en abril de este año.
Tras su liberación, recibió órdenes de alias Chirimoya para consolidar la estructura ilegal en Barranquilla y el Atlántico, coordinando operaciones de narcotráfico y homicidios selectivos en el área metropolitana, según reportes de inteligencia citados por Semana.
Uno de los aspectos más sensibles del operativo fue la captura de alias Chiquito Cuello, identificado como Jorge Luis Santiago Charris, agente activo del CTI de la Fiscalía.
Santiago Charris integraba el esquema de seguridad de la fiscal encargada del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
Semana precisa que el funcionario laboraba en el Grupo de Protección a Testigos de la Seccional Barranquilla y, según fuentes judiciales consultadas por ese medio, habría actuado como enlace interno dentro del CTI, facilitando el envío de droga hacia Centroamérica y poniendo en riesgo procesos judiciales de alto perfil.
Una fuente citada por Semana señaló: “Alias el del CTI tendría una trayectoria delincuencial de cinco años dentro del grupo armado organizado, fungiendo como enlace interno dentro del CTI y poniendo en riesgo procesos de alto perfil”.
Las autoridades atribuyen a la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas la dinamización de homicidios, tráfico de estupefacientes y outsourcing delictivo en alianza con el grupo delincuencial Los Pepes.
Los capturados están relacionados judicialmente con al menos 17 homicidios ocurridos entre 2024 y 2025. Durante la operación, la Policía incautó un arma de fuego, 31 cartuchos, 20 teléfonos móviles, un computador y una libreta, de acuerdo con los reportes de El Heraldo y W Radio.
El impacto de la operación se refleja en la desarticulación de una estructura clave para el Clan del Golfo en el Atlántico, región donde la organización mantiene una fuerte presencia dedicada a homicidios, extorsión y narcotráfico.
La infiltración de un agente del CTI en la estructura criminal y su rol como escolta de una fiscal en un caso de alto perfil evidencian los riesgos de corrupción institucional y la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en la región.