Sobre las 6:30 a. m. del 20 de septiembre de 2025, las autoridades del departamento de Antioquia recibieron el llamado de alerta sobre la aparición de una bandera y un grafiti alusivo a las Farc EP, en el municipio de Betulia, zona urbana, sector La Bomba, inmediaciones de un parque.
La Policía de Antioquia así se lo confirmó a Infobae Colombia: “Mediante llamada y fotos aportadas por la ciudadanía, se tuvo conocimiento de la instalación de una bandera con los colores de Colombia y una inscripción, además de un grafiti alusivos a las disidencias de las Farc EP, ambos fueron dejados en inmediaciones del parque educativo San Mateo”.
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Aseguraron que este hecho podría tratarse a una forma de la organización para tener nuevos seguidores para que apoyen su causa.
En vista de la alerta, las autoridades tomaron contacto con unidades del Ejército Nacional con el fin de verificar con el guía canino y la Alcaldía Municipal, quienes realizan las coordinaciones para pintar la pared donde fue escrito el grafiti.
El congresista Juan Espinal, en su cuenta de X hizo un llamado a varias instituciones para que atienda este tipo de actos intimidatorios y le garanticen la tranquilidad y seguridad a la población.
“Hago un llamado al Ministro @PedroSanchezCol al @COL_EJERCITO @PoliciaColombia para que garanticen la seguridad a la comunidad de Betulia (Antioquia), hay temor e incertidumbre. En toda la entrada del municipio aparecen estos mensajes de terror”.
Condena contra cabecillas de las Farc-EP y las “dudas razonables”
El reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impone ocho años de restricción de libertad y derechos a siete exintegrantes del último secretariado de las Farc-EP, ha reavivado el debate nacional sobre la eficacia y legitimidad del modelo de justicia transicional en Colombia.
Entre los sancionados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todos ellos admitieron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La sentencia, dictada el 16 de septiembre, se encuentra dentro del proceso de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado, tarea que la JEP asumió tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó el carácter simbólico y reparador de la decisión, al afirmar: “Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron, no podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido. Ninguna sentencia en el mundo podrá hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias, y enviar un mensaje claro. Nunca más el secuestro en Colombia”.
No obstante, la naturaleza restaurativa de la sanción ha generado inconformidad entre las víctimas, quienes esperaban medidas más severas. El hecho de que los exguerrilleros no enfrenten reclusión en establecimientos penitenciarios ha sido uno de los puntos más criticados, alimentando la percepción de que la justicia transicional podría no satisfacer plenamente las demandas de justicia y reparación.
Nicolás Mayorga, docente de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, analizó los fundamentos y desafíos de la condena. Explicó que el Acuerdo de Paz de 2016, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional establecieron que las sanciones propias deben combinar un componente restaurativo con restricciones efectivas de derechos y libertades.
Según Mayorga, “el diseño de estas sanciones busca equilibrar las exigencias de justicia y reparación con la centralidad de la verdad, pero su ambigüedad en materia de privación de la libertad plantea un reto: garantizar que las restricciones sean percibidas como efectivas y, al mismo tiempo, compatibles con los estándares nacionales e internacionales que demandan proporcionalidad frente a la gravedad de los crímenes cometidos”.
El docente calificó la sentencia como un “hito en el desarrollo del modelo de justicia transicional creado tras la firma del acuerdo de paz”, y destacó su relevancia simbólica y su aporte a la búsqueda de justicia para las víctimas del secuestro.
Sin embargo, advirtió que la falta de detalles sobre el sistema de vigilancia y los alcances de la detención simbólica genera incertidumbre sobre la efectividad real de la sanción.