Mudarse de un conjunto residencial en Colombia sin haber pagado la cuota de administración es una situación que genera dudas tanto entre residentes como entre administradores. Sin embargo, la Ley 675 de 2001 establece de manera explícita que ningún administrador puede impedir el trasteo ni retener los bienes de quienes tengan deudas por este concepto.
Aunque la obligación de pago permanece vigente, el derecho a trasladar pertenencias no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia.
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La cuota de administración es esencial para el funcionamiento de la propiedad horizontal. Estos pagos permiten cubrir servicios como la seguridad privada, el mantenimiento de zonas comunes, la limpieza y la jardinería, entre otros gastos que garantizan la operatividad y el bienestar en los conjuntos residenciales. Por ello, el cumplimiento puntual de esta obligación resulta clave para la estabilidad financiera de la copropiedad.
No obstante, los conflictos suelen surgir cuando un propietario o arrendatario con cuotas atrasadas decide mudarse. En estos casos, es frecuente que la administración del conjunto intente condicionar el trasteo al pago de la deuda, lo que genera tensiones y dudas sobre los límites legales de su actuación. Dicha situación es más común de lo que parece y puede derivar en enfrentamientos entre las partes involucradas.
Qué dice la ley
La respuesta legal es clara: la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, prohíbe expresamente a los administradores impedir el trasteo o retener los bienes de los residentes morosos.
Aunque la deuda por cuota de administración subsiste, los residentes mantienen su derecho a mudarse y a trasladar sus pertenencias sin restricciones de este tipo. Esta disposición busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitar abusos de autoridad por parte de las administraciones.
Cuando un administrador desconoce esta norma y bloquea un trasteo por falta de pago, el afectado cuenta con varias alternativas legales. Puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional, ya que la retención indebida de bienes está sancionada por el Código Penal. Además, existe la posibilidad de interponer una acción de tutela, mecanismo mediante el cual un juez puede ordenar la devolución inmediata de los bienes, incluso en días festivos.
Y en casos donde se retienen objetos de primera necesidad, como electrodomésticos o computadores, también procede una demanda por daños y perjuicios. Todas estas vías están respaldadas por la ley vigente.
Deuda no desaparece
A pesar de que la ley protege el derecho al trasteo, la deuda por cuota de administración no desaparece tras la mudanza. El artículo 30 de la Ley 675 de 2001 establece que las obligaciones pendientes continúan generando intereses y sanciones hasta que sean canceladas en su totalidad. Esto significa que, aunque el residente ya no habite el conjunto, la administración puede seguir reclamando el pago y aplicar las medidas legales correspondientes para su cobro.
Restricciones al trasteo
Por otro lado, la administración sí puede fijar ciertas restricciones legítimas relacionadas con el proceso de trasteo. Entre ellas se encuentran los horarios permitidos para hacer mudanzas, que en ciudades como Bogotá suelen estar comprendidos entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., con el objetivo de no perturbar la tranquilidad de la comunidad.
También pueden establecerse condiciones específicas para el traslado, siempre que estas no vulneren los derechos fundamentales de los residentes.
El cumplimiento de las normas internas del conjunto sigue siendo obligatorio durante el trasteo. Esto implica, por ejemplo, evitar bloquear zonas comunes o utilizar áreas no autorizadas como depósitos temporales, lo que contribuye a mantener la convivencia y el orden en la copropiedad.