El desalojo del penthouse 1002 del edificio Praderas, en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, reveló una serie de irregularidades, ocupaciones ilegales y excesos relacionados con uno de los bienes más lujosos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La propiedad, de 389 metros cuadrados y con piscina privada, fue escenario de fiestas con celebridades, conflictos legales y denuncias de vecinos.
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Antes de la intervención de la SAE, el apartamento perteneció a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, líder del grupo delincuencial La Terraza y exintegrante de la cúpula de La Oficina.
Actualmente cumple condena en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí.
De acuerdo con el informe tomado por El Tiempo, previamente, la vivienda había sido de Marlon Javier Vergara Uribe, otro jefe de La Oficina, condenado a 37 años de prisión por homicidio, y luego pasó a Diana Marcela Olaya Galeano, esposa de Douglas, capturada por lavado de activos, pero liberada posteriormente por decisión judicial.
Durante la administración de la SAE, el penthouse fue arrendado el 16 de abril de 2021 a Jennifer Blanco Nieto, abogada con trayectoria en entidades públicas.
El contrato inicial establecía un canon mensual de $3.340.000, valor muy inferior al mercado, lo que llevó a la SAE a notificar la actualización a casi $13.000.000.
Blanco Nieto se negó a firmar el nuevo contrato y el arrendamiento finalizó el 31 de marzo de 2024, aunque la vivienda continuó ocupada hasta septiembre de 2024.
El desalojo definitivo, ejecutado el 16 de mayo con apoyo de la Policía Metropolitana y la Personería de Medellín, dejó en evidencia la presencia irregular de Carlos Arturo Escobar Marín, conocido como “el Hacker”, implicado en interceptaciones ilegales en Colombia y Estados Unidos.
Vecinos relataron que durante su permanencia, el apartamento fue sede de fiestas con reguetoneros, productores musicales, modelos e, incluso, exjugadores de la Selección Colombia, donde se registraron incidentes como arrojar muebles por los balcones y daños en propiedades vecinas, según el medio citado.
El malestar de los residentes se formalizó mediante derechos de petición, denunciando ruidos, fiestas constantes, incumplimiento de normas de convivencia y daños estructurales, incluida la apertura de la piscina que inundó el área de juegos infantiles y el apartamento contiguo.
El historial de Carlos Andrés Escobar Marín
La carrera delictiva de Escobar comenzó en territorio estadounidense, donde operó bajo identidades falsas como Carlos Escobar, Walter Frank Pérez y Esteban M. Bullis.
Entre 2004 y 2006, cometió fraudes bancarios utilizando cheques falsos y tarjetas de crédito, lo que derivó en una condena federal en 2007 por fraude contra Bank of America. Tras cumplir su sentencia, fue deportado a Colombia.
De acuerdo con documentos judiciales y revelaciones de La Nueva Prensa y Semana, acumuló antecedentes por robo y suplantación de identidad. Pese a este historial, logró reinsertarse en el país como empresario digital con acceso a entidades estatales.
Ya en Colombia, fundó la empresa Praesidium S.A.S., dedicada al marketing y la gestión de redes sociales. Según investigaciones de Qurium, La Nueva Prensa y La Silla Vacía, desde esta firma dirigió una red de desinformación conocida como “la bodega uribista”.
Escobar controlaba servidores privados como Priva60 y replicaba portales como Los Danieles o La Nueva Prensa, suplantando su diseño para difundir contenidos falsos.
Además, gestionaba decenas de dominios y cuentas apócrifas, con las que amplificaba ataques contra opositores del uribismo, entre ellos Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y diversos líderes sociales.
También se documentó el uso de estas redes para favorecer a figuras como José Obdulio Gaviria, Miguel Uribe Turbay y Marta Lucía Ramírez.
En declaraciones propias, Escobar admitió haber participado en la estrategia digital de Marta Lucía Ramírez durante la consulta interna del uribismo en 2018.
El nombre de Escobar también apareció relacionado con el caso de espionaje ilegal conocido como “Andrómeda”, ocurrido durante el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. El hacker Andrés Sepúlveda lo señaló como intermediario entre el Centro Democrático y estructuras de inteligencia militar.
Aunque Escobar negó cualquier relación, la Fiscalía lo mantuvo bajo investigación por su experiencia en delitos informáticos. A pesar de su prontuario, Escobar accedió a contratos públicos.
En diciembre de 2019, la Agencia Nacional de Seguridad Vial adjudicó de manera directa a Praesidium S.A.S. un contrato por 899 millones de pesos para una campaña de seguridad vial en época navideña.
El periodista Daniel Coronell reveló el escándalo en su columna “El mejor regalo”, donde denunció los antecedentes de Escobar y cuestionó la idoneidad de la contratación.
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