
La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso crucial en el llamado caso de los ‘petrovideos’, al iniciar formalmente la fase de juzgamiento contra el exalcalde de Cartagena, William Dau.
Esta medida implica que Dau deberá comparecer ante la sede del ente de control en Bogotá el lunes 22 de septiembre a las 2:30 p. m. para rendir declaración de descargos, según reveló W Radio.
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La acusación principal gira en torno a una supuesta intervención en política con presunta falta a título de dolo, luego de que miembros del equipo de campaña de Gustavo Petro mencionaran su nombre en grabaciones vinculadas a la búsqueda de respaldos en Cartagena.
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Desde la perspectiva de la defensa de Dau, la reactivación de este proceso, iniciado originalmente en 2022, resulta sospechosa y estaría relacionada con la reciente manifestación del exalcalde de querer competir por una curul en el Senado de la República.

El abogado Simón Hernández, quien representa al exmandatario local, calificó el procedimiento como una “persecución judicial” orquestada por el ente de control.
En declaraciones a W Radio, Hernández enfatizó que “es absolutamente preocupante la reactivación de la persecución judicial por parte de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría Distrital de Cartagena justo cuando se hace pública la intención de William Dau de aspirar a senador de la República. Desde ese momento la PGN ha expedido en menos de un mes dos sanciones disciplinarias en su contra, ha reactivado o ha proferido pliego de cargos en procesos que no tienen nada que ver, como los Petrovideos”.
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El abogado destacó además que la supuesta intervención política atribuida a su cliente carece de fundamento, porque el propio Dau no figura como participante en las conversaciones citadas.
A ello añadió que existen otros procesos paralelos que, a su juicio, buscan inhabilitar a Dau y obstaculizar su incursión en el escenario nacional.

El señalamiento de la defensa también apunta a la Contraloría Distrital de Cartagena, entidad que, según argumentan, ha reabierto varias investigaciones fiscales contra Dau en el mismo periodo en que éste anunció sus aspiraciones políticas. Hernández advirtió que han recibido citaciones a audiencias sin la debida notificación y reiteró que el patrón observado apunta a una campaña coordinada para frenar la proyección política del exalcalde.
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De acuerdo con el reporte de W Radio, Dau afronta ahora la expectativa de presentar su versión ante la Procuraduría, en una audiencia que podría determinar su futuro político inmediato.
Procuraduría dejó en firme la suspensión del exalcalde de Cartagena William Dau
El impacto de la suspensión por nueve meses al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, se refleja directamente en la situación de los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad, quienes, durante el primer semestre de 2020, experimentaron un agravamiento de su vulnerabilidad nutricional.
Según la Procuraduría General de la Nación, muchos de los niños afectados dependían del Programa de Alimentación Escolar (PAE) como principal fuente de sustento diario, por lo que el retraso en la entrega de los alimentos deterioró aún más su bienestar y desarrollo.
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La sanción contra Dau Chamatt fue confirmada en una segunda instancia, tras comprobarse que incumplió los plazos legales en la implementación del PAE durante el primer semestre de 2020. El programa, que debía comenzar el 27 de enero, ingresó en funcionamiento el 11 de mayo, acumulando un retraso de cuatro meses que repercutió tanto en la nutrición como en el desempeño académico de los beneficiarios.
Al analizar los efectos del retraso, la Procuraduría subrayó que la situación coincidió con la adaptación de los estudiantes a las clases virtuales debido a la pandemia de covid-19, un contexto que intensificó las dificultades para niños en condiciones vulnerables.
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La entidad sostuvo que “la no prestación del servicio dentro de los plazos establecidos profundizó las condiciones de vulnerabilidad de los menores por cuenta de que buena parte de estos dependían de los alimentos que les eran proveídos por la administración de la ciudad, lo que terminó por afectar su bienestar, nutrición y por consiguiente su desarrollo”.
En el fallo, la Procuraduría General de la Nación argumentó que la omisión administrativa constituyó una “irregularidad en la ejecución” del programa, hecho que justificó la medida disciplinaria impuesta al exalcalde. La entidad concluyó que “el retraso en la ejecución del programa afectó notablemente el desarrollo de las actividades escolares de los menores de edad” en Cartagena durante la emergencia sanitaria.
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