El norte del Cauca fue escenario de un nuevo hecho de violencia contra líderes sociales en Colombia. En el municipio de Corinto fue asesinado Jaime Becerra Castilla, reconocido dirigente comunitario del Valle del Cauca y funcionario de la alcaldía de Candelaria.
El ataque armado, ocurrido el 27 de agosto, también dejó como víctima mortal a uno de los policías que hacía parte de su esquema de seguridad.
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De acuerdo con la información recogida por Semana, Becerra Castilla había ocupado cargos en escenarios de participación ciudadana, fue candidato al concejo y mantenía una activa labor en procesos sociales de su municipio.
Su trabajo lo vinculaba directamente con las comunidades de la región, lo que lo convirtió en una figura de referencia para diferentes sectores locales.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que el hecho ocurrió mientras el líder realizaba diligencias en el área rural de Corinto, en compañía de dos policías.
El organismo señaló que hombres armados se desplazaban en una camioneta cuando interceptaron a la víctima y a sus acompañantes. Indepaz indicó que “se produjo un intercambio de disparos que dejó herido a Jaime Becerra, posteriormente perdió la vida por la gravedad de las lesiones en un centro asistencial. Uno de los policías que lo acompañaba murió en el sitio”.
Las primeras versiones sobre lo sucedido apuntan a que la estructura Dagoberto Ramos, una de las facciones disidentes de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, estaría detrás de este ataque. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias y confirmar la participación de este grupo armado ilegal.
Este homicidio se enmarca en un contexto de advertencias previas sobre el nivel de riesgo que enfrentan los líderes sociales en esa región del país. Leonardo González, director de Indepaz, recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas que advertían sobre la presión ejercida por organizaciones armadas sobre la población. Según explicó, las amenazas y formas de control impuestas por actores ilegales representan un riesgo latente para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
El propio González enfatizó en la gravedad de la situación al afirmar que “con el homicidio de Jaime Becerra Castilla, ya son 105 los líderes sociales asesinados en el país en lo corrido del 2025”. Estos registros, recopilados por Indepaz, dan cuenta de la continuidad de los ataques contra quienes cumplen labores de representación social en diferentes territorios de Colombia.
Las autoridades locales y departamentales no han entregado aún un informe consolidado sobre el ataque, pero se conoció que el esquema de seguridad que acompañaba a Becerra reaccionó frente a los disparos. Pese a ello, el intercambio de fuego fue fatal tanto para el dirigente social como para uno de los uniformados. El otro policía que se encontraba en el lugar sobrevivió y será clave en el proceso de investigación.
En el transcurso de este año, el Cauca se ha mantenido como uno de los departamentos con mayor número de incidentes de violencia contra líderes comunitarios. La presencia de grupos armados ilegales, el control sobre las economías ilícitas y la disputa territorial han sido señalados como factores de riesgo en informes de diferentes organizaciones sociales.
En este contexto, las autoridades han incrementado los operativos de seguridad en municipios del norte del Cauca, sin embargo, la situación sigue siendo crítica para los líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos que trabajan en zonas rurales. El caso de Becerra Castilla se suma a una serie de hechos que reflejan los desafíos de seguridad que enfrenta la región.
Las organizaciones sociales han reiterado la necesidad de implementar medidas efectivas de prevención y protección, especialmente en áreas donde la presencia de grupos armados es recurrente. Entre las acciones solicitadas se encuentran el fortalecimiento de la seguridad comunitaria, la atención temprana a las alertas de riesgo y la coordinación entre instituciones locales y nacionales.
Por ahora, las investigaciones judiciales buscan establecer responsabilidades concretas sobre este hecho y confirmar si el ataque fue planeado como parte de las operaciones de las disidencias en el norte del Cauca. La Fiscalía y la Policía anunciaron que adelantan las indagaciones pertinentes y que se mantendrán operativos en la zona para garantizar la seguridad de la población civil.