En la noche del viernes 15 de agosto, un hecho de violencia estremeció al departamento de Nariño. Una ambulancia que cumplía una misión médica fue interceptada por hombres armados, quienes asesinaron a un paciente que estaba siendo trasladado hacia la ciudad de Pasto.
La víctima fue identificada como Neider Nastacuas, agricultor que horas antes había resultado herido en el municipio de Ricaurte.
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De acuerdo con las autoridades locales, el ataque ocurrió en el sector conocido como San Miguel, en la vía que comunica Mallama con Túquerres. Allí, sujetos fuertemente armados detuvieron el vehículo, identificaron a Nastacuas y le dispararon delante del personal de salud que intentaba llevarlo a un centro asistencial.
Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, confirmó que se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos. Explicó que el incidente está relacionado con otro ataque registrado en Ricaurte, donde un conductor de taxi perdió la vida y Nastacuas resultó herido. “No sabemos quién es el conductor del taxi que minutos antes había sido asesinado en pleno centro de Ricaurte”, declaró.
El funcionario indicó que, aunque el personal médico salió ileso, la situación en esa zona es preocupante. Según relató, el alcalde de Ricaurte tuvo que abandonar el municipio por amenazas recibidas de desconocidos, lo que evidencia un panorama de orden público complicado.
Las versiones preliminares apuntan a que Nastacuas podría haber sido mencionado en una lista que circula en la región, en la cual varias personas son declaradas objetivo militar. Las autoridades buscan establecer si este listado tiene relación directa con el ataque.
En medio de la conmoción, se convocó un consejo extraordinario de seguridad para el sábado 16 de agosto con el fin de analizar las medidas a tomar. Este encuentro reunirá a representantes de la fuerza pública, la administración departamental y autoridades locales para coordinar acciones frente a la creciente ola de violencia.
Un habitante de la zona rural de Ricaurte, que pidió reserva de su identidad, aseguró que desde hace semanas grupos armados han incrementado su presencia en la región, generando temor en las comunidades, en su mayoría pertenecientes al pueblo Awá. Según su testimonio, estos hombres realizan recorridos armados y han realizado amenazas directas contra pobladores.
El ataque contra la ambulancia se suma a una serie de hechos recientes que han puesto en alerta a las autoridades. El asesinato del conductor de taxi en pleno casco urbano de Ricaurte, ocurrido poco antes del atentado a Nastacuas, es ahora una de las líneas investigativas que podrían dar pistas sobre los responsables.
La Fiscalía y la Policía Judicial trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar a los autores del crimen, así como la estructura armada a la que podrían pertenecer. No obstante, hasta el momento no se ha atribuido la acción a ningún grupo en particular.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las comunidades rurales de Nariño, especialmente para los pueblos indígenas que se han visto afectados por la presencia de actores armados ilegales.
El asesinato de Neider Nastacuas mientras recibía atención médica ha generado rechazo entre los habitantes de la región y ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las misiones médicas en zonas de conflicto. Aunque en este caso el personal sanitario no sufrió lesiones, el riesgo al que estuvieron expuestos evidencia las dificultades para garantizar la atención de emergencias en contextos de violencia.
El consejo de seguridad extraordinario buscará determinar acciones inmediatas que permitan restablecer la tranquilidad en Ricaurte y sus alrededores. Mientras tanto, las autoridades han pedido a la población colaborar con información que conduzca a los responsables y permita frenar la serie de ataques que han golpeado al municipio en las últimas semanas.
La comunidad Awá, históricamente asentada en esta zona del departamento, enfrenta una situación de vulnerabilidad que se ha agudizado con la presencia de grupos armados. Líderes comunitarios han alertado sobre restricciones de movilidad, amenazas y hostigamientos que dificultan su vida diaria y el acceso a servicios básicos.