La comunidad de San Antonio, zona rural de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, vive momentos de angustia ante una preocupante situación que se estaría presentando en la región.
Según denuncias hechas por varios habitantes a El País, presuntas disidencias de las Farc estarían exigiendo pagos obligatorios de hasta $500.000 por persona para la pavimentación de una vía que conecta el corregimiento con otras zonas rurales y que, al parecer, sería utilizada por estos grupos para fines relacionados con economías ilegales.
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De acuerdo con los testimonios, la vía en cuestión es la Marco Fidel Suárez, un tramo que conecta a San Antonio con La Pradera y que pretenden extender hasta Villa Colombia, en Jamundí, sin pasar por la carretera oficial, la cual es patrullada frecuentemente por las autoridades.
“Nos están pidiendo $500.000 y hasta boletas para una rifa, que porque necesitan pavimentar y como se benefician hay que pagar. Yo dije que no y una viejita me estaba diciendo que su hijo era el que le enviaba la plata, que como iba a pagar”, relató una fuente al medio citado, que prefirió mantener el anonimato por seguridad.
Esta no sería la primera vez que los grupos armados exigen dinero a los habitantes. Según cuentan, anteriormente se solicitó una suma de $50.000 para otro tramo, aunque en esa ocasión se habría tratado de otro disidente, que logró que algunas personas entregaran el dinero voluntariamente.
Lo que más preocupa ahora a la comunidad es que, con base en los mensajes que han recibido, la nueva cuota es obligatoria. En algunos celulares circula una convocatoria para una reunión el domingo 3 de agosto a las 2:00 p. m. en la escuelita del corregimiento, donde se entregarán las boletas de una “rifa del millón” y se leerá públicamente el listado de quienes han pagado y quiénes no.
“¿Acaso este pueblo es rico?, este pueblo no es rico, la mayoría de las personas trabajan en haciendas y se ganan entre $50.000 y $60.000, de allí deben sacar la comida, los transportes, los que tienen hijos estudiando", expresó a El País otro de los habitantes con visible indignación.
De acuerdo con las denuncias, las personas deben acercarse a la vivienda de una mujer en San Antonio, señalada como la encargada de recolectar las cuotas. La incertidumbre crece ante el temor de represalias si no se realiza el pago exigido.
La pavimentación de la vía por parte de este grupo armado tendría fines estratégicos: crear una ruta alterna en la cordillera que evite los controles del Ejército y la Policía, lo cual facilitaría sus actividades ilegales, incluyendo el tráfico de armas, droga o mercancías.
La comunidad de San Antonio clama por apoyo de las autoridades. Aseguran que viven entre la ira y el miedo, sin saber qué puede suceder si no cumplen con las imposiciones de un grupo armado que ya ha demostrado capacidad de intimidación.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial de las autoridades locales ni del Ministerio de Defensa frente a esta situación. Mientras tanto, los habitantes piden con urgencia la presencia del Estado y garantías de seguridad para poder vivir sin miedo.
Temen que si no se actúa pronto, las extorsiones y amenazas pasen a mayores si no pagan la suma que, según el denunciante, les es muy difícil poder costear. De igual modo, la comunidad exige que se investigue y se garantice el respeto por sus derechos fundamentales. Se espera que al hacer pública la denuncia, las autoridades tomen cartas en el asunto para controlar la situación.