La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza hacia uno de sus hitos más significativos desde su creación: la imposición de las primeras sanciones restaurativas contra ex jefes de las antiguas Farc y miembros de la Fuerza Pública, en el marco de los macrocasos que indagan delitos como secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Esta fase marca un momento decisivo para la justicia transicional en Colombia, un país que históricamente ha priorizado la prisión como forma de castigo y donde la idea de reparar sin cárcel despierta tensiones y cuestionamientos.
Los primeros fallos que impondrán Sanciones Propias —como se conocen formalmente estas penas— se inscriben en los expedientes del Caso 01, que investiga secuestros cometidos por las Farc, y el Caso 03, centrado en las ejecuciones extrajudiciales o los denominados “falsos positivos”. Bajo esta modalidad, los comparecientes deberán cumplir trabajos, obras y actividades con contenido restaurativo y reparador (Toar) diseñados para beneficiar directamente a las comunidades afectadas y aportar a la reparación de las víctimas.
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Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó a Colprensa que el tribunal ha apostado por estructurar proyectos antes de dictar sentencias, para evitar que se conviertan en promesas incumplidas. La idea es que estas actividades, lejos de quedarse en declaraciones, se traduzcan en acciones concretas como la búsqueda de personas desaparecidas, la limpieza de territorios contaminados con minas antipersonales y la promoción de la memoria histórica como forma de dignificación de las víctimas.
En el diseño de estos proyectos se ha involucrado a más de 200 víctimas, comunidades étnicas, autoridades locales y representantes indígenas, quienes han puesto sobre la mesa sus prioridades y expectativas. Para Ramelli, esta construcción colectiva es fundamental para que las sanciones tengan sentido y alcancen un impacto real.
Los Toar, según la JEP, no implican cárcel tradicional pero sí restricciones significativas a derechos como la libre residencia y movilidad, lo que busca garantizar que los responsables asuman las consecuencias de sus crímenes. De fondo, el modelo pretende romper con la lógica exclusivamente punitiva del sistema judicial ordinario y abrir espacio a la reintegración de los ex combatientes y agentes estatales involucrados, sin dejar de lado la responsabilidad y la no repetición.
Proyectos piloto para medir la viabilidad
La ruta hacia estas primeras sanciones no comenzó de la nada. El Tribunal de Paz ha puesto en marcha proyectos piloto para ajustar detalles logísticos, técnicos y financieros. Uno de estos se desarrolló en Nariño, donde 13 ex integrantes de las Farc trabajaron junto a la comunidad indígena Awá en la reconstrucción de la Casa de la Sabiduría Marcos Paí, un espacio clave para la vida cultural y espiritual del pueblo Awá. Allí, la construcción de un camino de acceso se realizó mediante minga —trabajo comunitario colectivo—, con la idea de fortalecer vínculos y brindar una forma de reparación simbólica.
En Antioquia, otro proyecto, denominado Horizontes Seguros, reunió a comparecientes de las Farc y de la Fuerza Pública investigados por ejecuciones extrajudiciales, quienes participaron en labores de educación comunitaria sobre el riesgo de minas antipersonales en municipios como Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó. La meta es doble: disminuir el peligro para la población civil y acercar a víctimas y victimarios en acciones de reconciliación.
En el Huila, tres ex integrantes vinculados al subcaso Huila del Caso 03 colaboran con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) en la exhumación de posibles víctimas de desaparición forzada en el Cementerio Central de Neiva. Esta tarea busca devolver los restos a sus familiares, aportar verdad y consolidar la reparación simbólica para comunidades que durante años reclamaron información sobre sus seres queridos.
Recursos y supervisión: claves para el éxito
El modelo restaurativo enfrenta retos prácticos considerables. Para poner en marcha los proyectos, la JEP firmó un acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que garantiza recursos por 50 mil millones de pesos, destinados a viabilizar obras y actividades. Sin embargo, la operatividad exige la coordinación de distintos actores estatales y de la sociedad civil, desde alcaldías y ministerios hasta organizaciones humanitarias y comunidades receptoras.
Además de diseñar y financiar los Toar, la JEP deberá vigilar su ejecución efectiva. Para ello, ha dispuesto bitácoras de seguimiento que permitan verificar, por ejemplo, que los comparecientes realmente realicen el desminado o participen en actividades de memoria y búsqueda de desaparecidos. Este monitoreo también contará con el apoyo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y otras entidades nacionales como el Ministerio de Defensa.
La resistencia a un cambio cultural
Aun con todo este andamiaje, la justicia restaurativa se topa con una barrera compleja: la resistencia social. Parte de la opinión pública percibe este modelo como una vía a la impunidad, especialmente cuando se trata de delitos como secuestros y asesinatos extrajudiciales. Para muchos, solo la cárcel garantiza justicia. La JEP, por su parte, defiende que la reparación efectiva y la participación de los responsables en labores de beneficio comunitario pueden aportar más a la paz y a la reconstrucción del tejido social que la reclusión carcelaria per se.
El propio presidente de la JEP ha señalado que uno de los mayores desafíos es convencer a la sociedad de que la revelación plena de la verdad tiene un valor reparador para las víctimas. En esa lógica, el tribunal sostiene que conocer lo ocurrido y asumir la responsabilidad de forma activa pueden contribuir a evitar la repetición de hechos atroces.
Mientras Colombia se prepara para conocer el contenido de las primeras sanciones restaurativas, el debate sigue abierto: ¿será posible que un país acostumbrado a la justicia retributiva abrace un paradigma que privilegia la reparación, la reintegración y la reconciliación? La respuesta comenzará a definirse cuando los comparecientes empiecen a trabajar, palada a palada, en territorios marcados por la guerra.