Un día antes de que se conociera el fallo en el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno a testigos, una nueva polémica se abrió en el ámbito político y judicial del país. La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de X, en el cual atribuyó una carga directa a ciertos sectores de los medios de comunicación por los posibles riesgos que enfrente la jueza que lleva el caso.
“La intimidación y la campaña de desprestigio que han emprendido contra la jueza Heredia es todo lo que está mal en un Estado Social de Derecho, es todo lo que está mal en una democracia y los medios de comunicación hoy tienen responsabilidad de ello y de lo que pueda ocurrirle a ella o a su familia”, fue el mensaje textual publicado por la congresista.
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El pronunciamiento de Carrascal se dio en medio de una situación de creciente tensión política alrededor de la figura de la jueza, que será la encargada de emitir el veredicto el 28 de julio. La funcionaria judicial es blanco de comentarios, análisis públicos y menciones constantes en programas de opinión, columnas editoriales y redes sociales, en las que algunos sectores cuestionan su imparcialidad, su trayectoria profesional y su capacidad para impartir justicia en un caso de semejante complejidad jurídica y trascendencia histórica.
La decisión que se conocerá forma parte de un proceso que captado el interés de observadores nacionales e internacionales, dado que se trata del primer juicio penal en contra de un expresidente colombiano.
Todo el proceso elevó la tensión y el escrutinio público sobre todos los actores involucrados, especialmente sobre la jueza del caso, cuya identidad, perfil y antecedentes fueron objeto de difusión masiva. Frente a esta situación, la congresista Carrascal optó por señalar directamente a los medios como actores generadores de presión, culpándolos de contribuir a una atmósfera que considera riesgosa para la integridad personal de la funcionaria judicial.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, a través de un mensaje en X en el que garantizó el respaldo institucional del Ejecutivo hacia el aparato judicial: “Sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático”.
Este es el caso por el que el expresidente Uribe está en escrutinio público
El caso, que comenzó tras una denuncia presentada por el líder del Centro Democrático en contra del senador Iván Cepeda en 2012 y que luego derivó en una investigación contra el propio exmandatario, tuvo múltiples giros procesales que fueron interpretados por distintos sectores como una muestra de la fortaleza o debilidad institucional del país, dependiendo del enfoque desde el cual se analice.
En el curso del juicio se presentaron elementos que fueron objeto de discusión pública, como la supuesta entrega de 48 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez por parte del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe. La existencia o no de instrucciones directas del expresidente al abogado es uno de los puntos clave del proceso, aunque la Fiscalía ya decidió separar estos hechos en un proceso distinto.
A lo largo del litigio, el órgano judicial presentó dos solicitudes de preclusión bajo el argumento de insuficiencia probatoria, una en marzo de 2021, negada en abril de 2022, y otra en octubre de 2022, también rechazada por el juzgado en mayo de 2023. Estas decisiones fueron interpretadas de distintas maneras, incluso por sectores que denunciaron una supuesta judicialización selectiva motivada por intereses políticos.
El propio Uribe señaló de manera reiterada que el proceso judicial en su contra responde a una estrategia política, alegando ser víctima de lawfare, una figura cada vez más común en el discurso político regional, que alude al uso instrumental de la justicia como herramienta para minar la reputación de actores políticos.
Según lo establecido en el artículo 453 del Código Penal colombiano, los delitos por los que se acusa al expresidente Uribe acarrean penas de entre 6 y 12 años de prisión, multas que oscilan entre 200 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la pérdida de derechos políticos por un periodo que puede ir de 5 a 8 años.
En caso de una eventual condena, las condiciones personales del expresidente, entre ellas su edad y la ausencia de antecedentes penales, podrían llevar a que se le imponga una pena en detención domiciliaria, aunque esta decisión dependerá del análisis que haga la jueza en función de los requerimientos de la Fiscalía y los argumentos presentados por la defensa.