Un incidente ocurrido la tarde del lunes 21 de julio en un centro comercial de Bogotá movilizó a la Policía, luego de que se reportara que una trabajadora de una destacada empresa de telefonía fue agredida por un hombre.
Según informaron las autoridades, tras llegar al sitio y capturar al implicado, este respondió con violencia contra los policías y el personal de seguridad del lugar.
Un investigador explicó a El Tiempo que la investigación quedó en manos del fiscal 327 de la URI de Engativá a la que fue llevado el sujeto que agredió a los policías, quien, pese a contar con registros videográficos y el acta de detención en flagrancia, optó por no mantener al sospechoso bajo custodia.
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“El caso le correspondió por reparto al fiscal 327 de la URI. Y a pesar de tener en su poder videos y el documento de captura en flagrancia decidió dejarlo en libertad”, le dijo a El Tiempo un investigador.
Según este medio, tuvieron acceso a las grabaciones captadas por algunos visitantes del centro comercial evidencian el instante en que un hombre agrede con un cabezazo a uno de los policías que procuraba desalojarlo del lugar.
Luego de atacar a un agente policial, el hombre fue trasladado a la URI de Engativá para quedar bajo la autoridad de un fiscal, quien continuará con el proceso judicial por el delito de violencia contra servidor público. Según reveló El Tiempo, el detenido responde al nombre deJaime Andrés Velásquez Viana.
Fuentes cercanas con el caso indicaron al medio antes citado que, tras su traslado a la URI de Engativá, el individuo intimidó con amenazas graves a uno de los fiscales y también atacó al asistente del fiscal con un escupitajo en la cara. El proceso fue asignado al fiscal 327 de la URI, quien, aunque disponía de grabaciones y del acta de detención en flagrancia, optó por liberar al involucrado.
El sujeto implicado cuenta con antecedentes registrados en Spoa relacionados con agresión a funcionarios públicos y violencia intrafamiliar. Las autoridades trabajan en reconstruir la secuencia de lo ocurrido y en determinar las razones por las que fue liberado. Además, se solicitó una investigación sobre el proceder del fiscal encargado del caso.
En Colombia, atacar a miembros de la Fuerza Pública constituye un acto tipificado como delito y puede conllevar consecuencias penales, incluyendo sentencias que alcanzan hasta ocho años de prisión para quienes resulten responsables. Las penas aplicables abarcan desde encarcelamiento hasta sanciones económicas y otras restricciones, determinadas según la magnitud del hecho y el nivel de daño ocasionado.
Las medidas sancionatorias incluyen tanto penas privativas de la libertad como multas económicas. Este tipo de conductas configura un delito contemplado en la legislación penal vigente y puede acarrear serias consecuencias legales para los responsables.
De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 1453 de 2011: “El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.
Los integrantes de la Fuerza Pública tienen la calidad de servidores públicos, ya que desarrollan funciones en beneficio del Estado y la sociedad. El artículo 123 de la Constitución Política señala: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.
La Ley 1801 de 2016, que contempla el Código Nacional de Policía y Convivencia, estipula en su artículo 35 diferentes sanciones para quienes ataquen o arrojen objetos o sustancias que puedan poner en riesgo a los agentes de la Policía. El texto legal utiliza la expresión: “agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de Policía”.