No cesan las críticas al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro después de que se conociera el borrador del proyecto de ley que establecería las reglas del juego para el sometimiento de grupos armados como parte de su estrategia de “paz total”.
De hecho, en la mañana del domingo 20 de julio, apenas horas antes de que el presidente Gustavo Petro y su equipo radique el polémico proyecto durante la instalación del Congreso, el exmandatario Juan Manuel Santos, que lideró el proceso de negociación con las Farc, sostuvo en diálogo con El Espectador que el plan representa un proceso “sin claridad jurídica ni política”, lo que, en su opinión, podría apartar la atención de los compromisos asumidos en 2016 y conducir a la repetición de errores pasados.
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Santos cuestionó desde el inicio la viabilidad del proyecto, recordando una reunión realizada tras la posesión de Petro, en la que el entonces Comisionado de Paz, Danilo Rueda, presentó una estrategia para dialogar con catorce grupos armados a la vez, mientras se desmantelaban estructuras importantes para la implementación del Acuerdo de Paz construidas en gobiernos anteriores.
Para Santos, avanzar en negociaciones sin claridad sobre los interlocutores, los objetivos, las líneas rojas y el marco jurídico constituye una garantía de fracaso.
“Creo que presentar un proyecto de ley cuando uno no tiene nada claro sobre las negociaciones con estos grupos generales, ni quiénes son, ni cuántos son, ni cuál es el objetivo, me parece que sería un salto al vacío y una irresponsabilidad. Por eso espero que el Congreso no vaya a aprobar ese proyecto de ley”, señaló Santos al diario nacional.
El proyecto legislativo busca ofrecer beneficios penales a grupos armados como el Clan del Golfo, considerado por el Estado como organización “no política”. Santos advirtió que la comunidad internacional rechaza la idea de aplicar esquemas de justicia transicional —como los utilizados con las Farc a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— a grupos de carácter presuntamente criminal. Recalcó que, tras la negociación con las Farc, el conflicto armado colombiano terminó formalmente, y los remanentes armados deben ser tratados bajo regímenes de sometimiento a la justicia tradicional, no como actores políticos.
Uno de los elementos del proyecto es el enfoque en “segundas oportunidades”, que pretende ofrecer alternativas de reincorporación a quienes quedaron excluidos de anteriores esquemas como Justicia y Paz y la JEP, incluyendo posibles desertores del proceso con las Farc.
Frente a esto, el expresidente señaló que los acuerdos legislativos vigentes prohíben que los reincidentes reciban nuevamente beneficios, remarcando que tal error de concepto deriva de la falta de planeación y rigor en la formulación de la estrategia de negociación.
“Los reincidentes no pueden volver a tener los beneficios de una justicia transicional y ese acto legislativo sigue vigente. Es que el error fue haberse metido en un proceso sin haberlo planeado, sin rigor ni método. Ese ha sido el error desde el comienzo y sigue vigente, infortunadamente”, comentó Santos a El Espectador.
El expresidente manifestó su expectativa de que la iniciativa no prospere, pues considera que un lapso menor a un año para negociar con múltiples grupos y sin interlocutores identificados vuelve el proceso inviable y riesgoso.
“Yo espero que no pase. Además, les queda menos de un año para negociar con estos grupos y eso es ya un imposible. Eso se lo puedo asegurar. Sobre todo si ni siquiera saben con quiénes se estarían enfrentando y quiénes serían los interlocutores. No hay tiempo. Aprobar un proyecto de ley en esas condiciones sería una irresponsabilidad”, concluyó el exmandatario.
Entretanto, la crítica internacional al ritmo de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en Colombia subió de tono esta semana, cuando diversos países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron preocupación y frustración ante los resultados alcanzados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante una presentación reciente ante este organismo, representantes de naciones como Estados Unidos, México, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Panamá, Corea, Sierra Leona, Guyana, Argelia, Somalia y Eslovenia manifestaron críticas hacia la manera en que el Ejecutivo ha dejado de lado la implementación efectiva del acuerdo firmado en 2016.