La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a cinco presuntos integrantes de una organización delictiva señalada de estafar a víctimas del conflicto armado y madres cabeza de hogar.
El grupo habría engañado a estas personas con la supuesta venta de bienes administrados por el Estado, específicamente a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en varios municipios del Valle del Cauca.
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Los procesados son Álvaro José Correa Jaramillo, identificado por las autoridades como el supuesto cabecilla de la organización; Gerardo Antonio Carvajal, abogado; José Eliécer Torres Camilo; Julio César González Ruíz y Andrés Felipe Herrera Jiménez. Un fiscal de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.
Según la investigación, este grupo se habría concertado para vender de manera ilegal casas, apartamentos, fincas y terrenos destinados a proyectos productivos, administrados por la SAE.
Para sustentar las operaciones fraudulentas, utilizaban documentos falsificados, entre los que figuran escrituras públicas, cartas catastrales, planos topográficos, promesas de venta y certificados de tradición.
Las víctimas, entre las que también se encontraban fundaciones sin ánimo de lucro, eran contactadas y atraídas con supuestas visitas a los inmuebles, para posteriormente establecer precios de los mismos.
El dinero era recaudado bajo el argumento de “aportes voluntarios” que, según los implicados, serían destinados a cubrir trámites de papelería, autenticaciones notariales y otros documentos requeridos para la supuesta compra.
Las actividades ilegales se habrían realizado en Jamundí, Palmira, Guacarí, Tuluá, Buga y San Pedro. La información recabada en el proceso penal sostiene que el grupo se apropió de aproximadamente $850 millones en 16 hechos registrados entre junio de 2020 y enero de 2024.
Dentro de la estructura, según el fiscal del caso, Correa Jaramillo coordinaba y articulaba las operaciones ilícitas: “Era quien planeaba, coordinaba y dirigía las estafas, haciéndoles creer a las víctimas que estaba autorizado por la SAE para llevar a cabo la venta y enajenación de bienes que le fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales dentro de los respectivos procesos penales por extinción de dominio bajo un supuesto contrato de corretaje”.
Entre tanto, Torres Camilo obtenía planos topográficos; mientras que González Ruíz recaudaba los dineros y suscribía los contratos de compraventa.
“El señor José Eliecer Torres Camilo era quien secundaba al señor Álvaro José Correa ayudándolo a reclutar más víctimas. Además, participaba en la contratación de ingenieros y topógrafos para hacer supuestos levantamientos de planos. También cumplía el rol de topógrafo encargado de hacer las mediciones de los terrenos que iban a vender para convencer a las víctimas de terrenos de los terrenos que iban a ser adjudicados”, se detalló durante la audiencia.
Según la investigación de la Fiscalía, Gerardo Antonio Carvajal, en calidad de abogado, elaboraba los contratos de corretaje de los supuestos inmuebles que serían adjudicados. Además, era responsable de solicitar la documentación a las víctimas y participaba en las reuniones donde buscaba convencerlas de concretar las operaciones.
Estos imputados entregaban los contratos de corretaje, facilitaban el acceso a los inmuebles y recibían los pagos. También mostraban a las víctimas los bienes que eran objeto de la estafa. Herrera Jiménez fue notificado de los cargos en un centro carcelario donde permanece preso por otros hechos.
Las capturas de cuatro de los procesados se realizaron en diligencias de registro y allanamiento a viviendas de Cali, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional.
En los operativos se incautaron dos computadores, una tablet, tres memorias USB, nueve teléfonos celulares, cinco agendas y cinco carpetas con documentos falsificados.
Los procesados no aceptaron los cargos en las audiencias concentradas. Sin embargo, por decisión de un juez de control de garantías, tres de los detenidos deberán permanecer en detención carcelaria, mientras que Carvajal y González Ruíz cumplirán la medida en sus lugares de residencia.